El Gobierno ha aprobado su Anteproyecto de LOPJ, que supone una seria amenaza al empleo público.
Las principales novedades que nos encontramos, en un primer estudio de este anteproyecto, son las siguientes:
- Movilidad total y a la carta: el centro de destino pasa a ser la provincia.
- Se crean los Tribunales Provinciales de Instancias con sede en la capital de provincia. Habrá 52 Tribunales de Instancia (uno por cada provincia de España, más otro en Ceuta y otro en Melilla), que asumirán las actuales competencias de los Juzgados unipersonales, que desaparecen (incluídos los Juzgados de Paz).
- Desaparición de las Audiencias Provinciales: Sus competencias actuales en 1ª Instancia pasarán a los nuevos Tribunales Provinciales de Instancia y los recursos a los TSJ.
- Continúa reflejada en esta reforma la privatización de los actos de comunicación y ejecución.
-Se modifica las condiciones de ingreso en los distintos Cuerpos:
Se aumenta al 7% el cupo de reserva a discapacitados.
Se introduce la posibilidad de convocar procesos de promoción interna de forma separada del turno libre.
Se reduce el cupo de promoción interna al 30%.
El nombramiento de interinos quedará sujeto a las disponibilidades presupuestarias.
-Continúa la incertidumbre sobre el futuro de los puestos de trabajo del Registro Civil.
Es necesario seguir presionando al Gobierno y a los Grupos Políticos para que den marcha atrás, exigiendo la retirada del proyecto o la presentación de enmiendas que garanticen los puestos de trabajo, la movilidad exclusivamente voluntaria, el mantenimiento de centros de destino de ámbito municipal, la permanencia del Registro Civil como destino de los funcionarios de Justicia exclusivamente, el mantenimiento y recuperación de las retribuciones y en general de todos los derechos que tanto trabajo y años ha costado conseguir.
