A continuación publicamos extracto del escrito de queja presentado por STAJ ante el Defensor del Pueblo con motivo de la desastrosa gestión que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia respecto a los procesos selectivos y al concurso de traslados.
AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Nos dirigimos a V.I. para reiterar y poner en su conocimiento las condiciones laborales a las que los funcionarios de la Administración de Justicia nos estamos enfrentando en estos últimos años.
Ya nos dirigimos a esa Institución mediante escrito de 6 de noviembre de 2023 solicitando su amparo a la vista del malestar y perjuicio al que se nos está sometiendo a los funcionarios de la Administración anteriormente mencionada. En general la situación lejos de mejorar ha ido empeorando con continuos retrasos en la resolución de procesos selectivos y concursos de traslados en los que no se respeta los plazos que se establecen en la normativa vigente.
De manera más concreta y notoria nos referimos:
1.- Al incumplimiento de la convocatoria del último concurso de traslados.
El art. 44 de nuestro Reglamento de Ingreso, Provisión de puestos de trabajo y Promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia hasta el momento en vigor, RD 1451/20225 de 7 de diciembre establece “El Ministerio de Justicia y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos convocarán dentro del primer trimestre de cada año natural y en la misma fecha, concurso de ámbito estatal para la provisión de puestos de trabajo vacantes en todo el territorio del Estado, que se ajustará a las normas establecidas en este reglamento en las bases marco y en las propias convocatorias”.
Pues bien, durante el año 2024 no se convocó concurso alguno de traslado.
2.- Los procesos selectivos se dilatan en el tiempo hasta más de dos años.
No se puede defender que los opositores tomen posesión de su puesto de trabajo hasta dos años después de haberse examinado. No ocurre en ninguna otra administración. Esta falta de certeza y de previsión supone un grave perjuicio no solo económico sino también produce en general una clara desmotivación y un mal funcionamiento de los servicios públicos. La inseguridad jurídica con la que vivimos y que se traduce en frecuentes y repentinos cambios de actuación en nuestro ámbito laboral no puede perjudicarnos siempre a nosotros, si no a quien la promueve, puesto que es la administración quien debe garantizarla.
La fecha de la convocatoria del proceso de estabilización
consecuencia de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
en diciembre de 2022, hasta la fecha no se ha resuelto retrasando
todos los procesos posteriores.
Por poner un ejemplo, la convocatoria de promoción interna de Orden
PJC/104/2024, de 31 de enero (BOE de 12 de febrero) se ha
solapado con la última convocatoria (Orden PJC/1436/2024, de 4 de
diciembre (BOE de 19 de diciembre) sin que sepamos hasta la fecha
quienes han superado este proceso, por lo que los opositores han de
seguir estudiando para la siguiente convocatoria sin saber si han
aprobado la primera, con el correspondiente perjuicio que supone.
La
convocatoria de examen fue en junio de 2024 y hasta hoy no han
salido las notas definitivas. No se lleva una actuación de supervisión
a los diferentes tribunales delegados que pueden demorar la
corrección de los exámenes sin límite alguno de tiempo y con
continuos errores en las publicaciones, sin que nadie intervenga en
este aspecto, que no solo constituye una vulneración de nuestros
derechos, sino que además evidencia un claro desinterés y
desprecio.
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