lunes, 6 de abril de 2020

MUGEJU: Receta electrónica para mutualistas del sistema público de salud de Madrid y Baleares



En la página Web de MUGEJU se publica la siguiente nota informativa:


Se informa que el colectivo de mutualistas adscritos a los sistemas públicos de salud de Madrid y de Illes Balears se han integrado en los sistemas de receta electrónica de dichas Comunidades Autónomas, uniéndose a los mutualistas del Servicio Valenciano de Salud.

Sin embargo, los mutualistas adscritos al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y que opten por la prescripción y dispensación electrónica, deberán abonar el 100% del precio del medicamento o producto sanitario en el momento de su dispensación en la oficina de farmacia. Posteriormente, podrán solicitar a MUGEJU a través del procedimiento de reintegro de gastos de farmacia, el porcentaje de financiación de esos medicamentos, según sean de aportación normal (30%), de aportación reducida (10% del PVP con un máximo de 4,24 euros por envase) o exentos de aportación en caso de productos dietoterápicos y nutrición enteral domiciliaria y tiras reactivas.

Por tanto, la incorporación al sistema de receta electrónica del SERMAS será opcional para los mutualistas. Aquellos que continúen con la prescripción en receta en soporte papel se les aplicará las aportaciones correspondientes.

No se ha podido establecer la aportación correspondiente de los mutualistas, debido a la imposibilidad por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de llevar a cabo los cambios necesarios en los sistemas electrónicos de dispensación en las oficinas de farmacia.

Toda la información correspondiente a las medidas que se están tomando se mantendrán actualizadas en la sección "Destacados" bajo el enlace Información: "Medidas en el Estado de Alarma".

Registro Civil: nueva instrucción sobre remisión de datos de defunciones.


El Ministerio ha dictaminado que todos los Registros civiles, incluidos Juzgados de paz, remitirán por email, una vez finalizada su jornada laboral, una relación del número de defunciones, licencias de enterramiento y lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual. 

Los seis Sindicatos mayoritarios en la Administración de Justicia reclaman al Ministro Campo la participación del personal no judicial ni fiscal en la Comisión de coordinación de la crisis sanitaria del coronavirus.


Exigimos asimismo que se inicie, de inmediato, la negociación colectiva de los planes de reactivación de la actividad procesal anunciados y, también, de la implantación de los sistemas de teletrabajo, materias ambas que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal funcionario.


La nota de prensa del Ministerio de Justicia emitida tras la reunión de la Comisión de Coordinación del pasado viernes, pone de manifiesto que el ministro Campo sigue sin aceptar que los trabajadores y trabajadoras de Justicia estemos representados en los órganos donde se toman las decisiones que afectan a nuestra salud laboral y condiciones de trabajo.

En la nota de prensa el Ministro agradece el esfuerzo del personal de Justicia en el mantenimiento de los servicios esenciales y ese reconocimiento es muy importante.

No obstante, el Ministro se olvida que su obligación, incluso en una situación como la que padecemos ahora, es la de negociar con la representación sindical cualquier plan de agilización que pretenda poner en marcha incluyendo la implantación de sistemas de acceso remoto desde el domicilio para favorecer el teletrabajo empezando por las iniciativas, o “buenas prácticas” como las denomina en su nota de prensa, que se están poniendo en marcha, de forma unilateral y sin tener competencias para ello, por la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional y por los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Madrid.

Una obligación legal de negociar, puesto que el derecho fundamental de negociación colectiva no se ha suspendido por el estado de alarma, pero también un instrumento necesario para conseguir la colaboración de todos tal y como, el mismo, solicita.

Por todo lo anterior, los sindicatos hemos remitido al Ministro de Justicia Juan Carlos Campo el siguiente escrito:

STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA, sindicatos integrantes de la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y representantes de más del 80% de las 55.000 personas que constituyen el personal funcionario no judicial ni fiscal de la Administración de Justicia, por medio del presente solicitamos la convocatoria inmediata, al amparo del art. 34.6 y DA y el apartado 1.b) de la D.A. 12ª del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de la Mesa de negociación del Ministerio de Justicia para abordar los siguientes temas:

1.- Integración de estas organizaciones sindicales en la Comisión de coordinación de la situación de crisis creada al amparo de la Orden SND/261/2020, en la misma situación en que están integrados, además del Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en medios personales y materiales; el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

2.- Participación de estas organizaciones sindicales, desde el primer momento, en el diseño, planificación e implantación en cualquier plan de actuación o de agilización que se pretenda poner en marcha en la Administración de Justicia, empezando en los planes que ya han sido objeto de anuncio en el BOE y abordados en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento antes citada, para las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y juzgados de lo mercantil, dado que dichos planes afectan a las condiciones de trabajo del personal al que representamos.

3.- Negociación de la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos funcionariales de Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, cuerpos generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En este sentido, le recordamos que estos sistemas de trabajo no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser ordenados por los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni otros organismos sin competencias en la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario.

4.- Instamos igualmente a ese Ministerio a que dé traslado inmediato a las organizaciones sindicales del texto de cualquier proyecto que haya sido elaborado ya en relación con las anteriores cuestiones, para su estudio por los representantes del personal.

Los seis sindicatos entendemos que el derecho de participación, información y consulta a los trabajadores que es la base de la negociación colectiva se fundamenta entre otras razones, en el conocimiento que tenemos de primera mano sobre la realidad de la Administración de Justicia.

viernes, 3 de abril de 2020

Seis sindicatos acusan al CGPJ de poner en riesgo la salud de miles de funcionarios de Justicia


Los seis sindicatos que representan a los funcionarios de Justicia se han puesto en pie de guerra contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que acusan de “poner en riesgo su salud”, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias “innecesarias”. Consideran que discrimina a estos funcionarios frente a los jueces, a quienes se les permite -según denuncian- trabajar desde casa “con los equipos informáticos prestados por la administración y de los que no dispone el resto de personal de la Justicia”.

Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) se han puesto de acuerdo para reprobar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todo el órgano por su gestión en la crisis sanitaria del Covid-19. Además, les acusan de atribuirse unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales. “Ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia”, recogen en un comunicado conjunto.

Para las seis organizaciones sindicales, los comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los tribunales superiores de justicia por acuerdo de la comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. “En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia”, añaden.

Sabotaje

Estos sindicatos denuncian la táctica de sabotaje empleada por el órgano que regula a los jueces para impedir el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. “Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia”.

Además, reclaman una disculpa por parte de Lesmes por acusar a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia de “falta de profesionalidad” por poner en entredicho la obligación de ir a sus puestos de trabajos sin las condiciones necesarias que salvaguarden su salud.

“Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia”, subrayan.


Piden ayuda a Justicia

Ante esta situación, estos sindicatos piden ayuda al Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, y a las comunidades autónomas con las competencias transferidas para que “pongan freno” al CGPJ. “La Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los jueces y magistrados.

La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados públicos que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales”, concluyen.

STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19


Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (STAJ, CSIF,CCOO, UGT, CIG y ELA), por el presente reprueban la actuación del Consejo General del Poder Judicial y de su presidente en esta crisis sanitaria del COVID 19.

Desde el principio de la crisis el CGPJ se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia.

Para las seis organizaciones sindicales, los Comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los TSJ por acuerdo de la Comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia.

Denunciamos la táctica de sabotaje empleada por la Comisión permanente del Consejo para impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia, CCAA con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia.

Denunciamos que la injerencia del Consejo General del Poder Judicial está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, mientras recomienda a los Jueces y Magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal de Justicia.

Recordamos que el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados/as públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad.

Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados/as públicos/as, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia.

Alentamos al Ministerio de Justicia y a las CCAA autónomas con competencias transferidas en materia de justicia para que continúe poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ.

Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los Jueces y Magistrados. La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados/as públicos/as que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales.

Unos empleados/as públicos/as que, incluso ahora, tienen el derecho a que se proteja su salud y a que el protagonismo desmedido de integrantes del Consejo General del Poder Judicial con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, no la ponga en riesgo caprichosamente junto con la de sus familiares y, en general, la salud de la sociedad en su conjunto que tan valientemente está luchando contra la amenaza invisible de un virus mortal.

Para finalizar, las seis organizaciones sindicales queremos hacer un reconocimiento a todos los empleados públicos y a los trabajadores en general que, durante estos días, están prestando los servicios esenciales para que la sociedad siga funcionando. Y, no por repetido hay que darlo por hecho, nuestro agradecimiento a los miles de empleados públicos y trabajadores del sistema sanitario con independencia del Cuerpo o grupo profesional al que pertenezcan, que están dando la cara en primera línea contra el virus.


#estevirusloparamosunidos

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional desestima la adopción de medidas cautelarísimas solicitadas por STAJ.


Hace unos días os informábamos que STAJ había presentado demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, interesando la adopción de medidas cautelarísimas a fin de que por parte del Ministerio proporcione a los funcionarios que prestan presencialmente los servicios esenciales los equipos de protección individual.

STAJ entendía que la prioridad son los servicios sanitarios, pero también todos aquellos servicios que deban prestarse de cara al público, como son los servicios esenciales de la Administración de Justicia, especialmente guardias, Registro civil, etc.  y por ello se solicitaba  a la Sala Social que acordaran las siguientes medidas:

-  Ordenar al Ministerio que de forma inmediata, faciliten a los integrantes de los órganos judiciales que deban realizar sus funciones, durante la vigencia de la epidemia del Covid-19, los equipos individuales de protección, mascarillas, guantes y geles, para su uso obligatorio durante la prestación del servicio esencial.  

-  Ordenar a la parte demandada que, DE FORMA INMEDIATA, proceda a evaluar individualizadamente los riesgos que, por sus circunstancias personales, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia a los que ha ordenado desempeñar sus funciones, asumen por ello.

-       Dispensar a los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de prestar sus servicios a favor de las demandadas, en tanto en cuanto aquellas no les provean de los equipos de protección individualizada anteriormente referidos.

La Sala Social desestima la primera petición amparándose en que ante la diversidad de actividades de los funcionarios de la Administración de Justicia, las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de Protección Individual  EPI) deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional.

Se deniega la solicitud primera sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia y siguiendo las recomendaciones de Sanidad, y teniendo en cuenta la escasez de equipos de protección y atendidos los colectivos prioritarios, entre otros el personal sanitario, pueda proceder a la adquisición de los mismos para poner a disposición de los funcionarios de la Administración de Justicia dichos equipos.

STAJ es consciente y entiende la escasez de material y la prioridad de otros trabajadores como los sanitarios con una exposición mayor y por ellos, STAJ y el resto de organizaciones sindicales venimos denunciando desde la declaración del estado de Alarma que ha sido la injerencia del Consejo General del Poder Judicial la que está poniendo en riesgo la salud de los miles de funcionarios/as de Justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias, cuando el servicio esencial de la administración de Justicia salvo en los casos concretos en que es necesaria la presencia (guardias, violencia sobre la mujer, internamientos y alguna actuación del registro civil) puede atenderse con un régimen de disponibilidad de los funcionarios que en el supuesto de producirse la necesidad de la actuación se desplacen a la sede judicial para realizarla, pero sin exponer innecesariamente a miles de funcionarios a desplazarse “por si acaso se produce una actuación” es así como entendemos que se garantiza el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales. Y es para estos servicios esenciales que deben hacerse necesariamente de forma presencial que se faciliten los Equipos de protección.

La gravedad de la crisis sanitaria que vivimos y la necesidad de reducir el movimiento y exposición de la población para conseguir vencer esta pandemia nos obliga a seguir luchando para conseguir que la prestación de servicios presencial en la Administración de Justicia se reduzca a las actuaciones anteriormente mencionadas quedando en régimen de disponibilidad el resto de funcionarios para atender aquellas que se produzcan, .para así ayudar a superar esta crisis y que podamos recuperar la normalidad cuanto antes.

Puesta a disposición de las Comunidades Autónomas de los Médicos forenses y profesionales del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.


En el BOE de hoy 3 de abril se publica una modificación de la Orden SND/232/2020 de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos que afecta a los Médicos Forenses y personal del INTC:

«Octavo bis.Puesta a disposición de las comunidades autónomas de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Las comunidades autónomas podrán disponer de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que no estén prestando servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia, pudiendo destinarlos a aquellas labores de apoyo o de refuerzo sanitario que se estimen oportunas de acuerdo con sus específicos perfiles profesionales.


El Ministerio de Sanidad facilitará a las comunidades autónomas los datos de contacto que procedan, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.»

El Ministerio requiere a los Secretarios de Gobierno para que cumplan con la Resolución de 29 de marzo, que antepone la prestación del servicio mediante disponibilidad.


Tras las denuncias formuladas por STAJ sobre los incumplimientos en muchos territorios de la Resolución del Ministerio de Justicia, de fecha 29 de marzo, sobre dotación de personal para cubrir los servicios esenciales, en la que se prima la prestación del servicio mediante disponibilidad, dejando la prestación presencial al mínimo imprescindible, el Ministerio de Justicia ha trasladado a los sindicatos representativos, en la reunión celebrada esta mañana por videoconferencia, que ha dado *orden a los Secretarios de Gobierno para que cumplan con la resolución dictada, promoviendo la disponibilidad como mecanismo prioritario,* para poder proteger la salud de los trabajadores.

El Ministerio nos pide colaboración en este sentido a fin de que comuniquemos aquellos casos en que no se esté cumpliendo, y así lo estamos haciendo y trasladando al Ministerio, para que actúe en consecuencia.

En cuanto a los EPIS, a partir de la semana que viene se contará con un número mayor de ellos y se repartirán de manera inmediata, conforme se ha realizado el anterior reparto.

En la actualidad no se dispone de test para detectar el virus, para los funcionarios de justicia, porque lógicamente se ha priorizado y destinado al personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

jueves, 2 de abril de 2020

Comunicado de la Junta de Personal de Justicia sobre Comité de Seguridad y Salud.



El pasado día 30 de marzo la parte social del Comité de Seguridad y Salud para el personal al servicio de la Administración de Justicia de Asturias interesó la celebración de una reunión urgente del mismo, vía telemática, con el siguiente objeto:

-Solicitar las medidas preventivas que la Administración ha aplicado y evaluar si son suficientes para preservar la salud de los trabajadores.
-Instar a la Administración que ponga los medios de protección precisos que aún están pendientes.
-Recibir información del Plan Preventivo que existe para proteger a los trabajadores ante esta situación de alarma mundial.
-Recibir información y traslado de las actas del comité formado en el Tribunal Superior de Justicia, así como informe del material que ha llegado del Ministerio de Justicia y cómo se ha repartido.

El martes, 31 de marzo, la Jefa del Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia nos responde que, "en estas circunstancias, no les es posible celebrar la reunión interesada."

Circunstancias que por otro lado si permiten la celebración de reuniones constantes entre la Viceconsejería de Justicia y el Ministerio de Justicia, como la que tendrá lugar en el día de mañana. 

Se niega de esta forma la posibilidad de actuación del Comité de Seguridad y Salud (integrado a partes iguales por representantes de la administración y del personal) en orden a evaluar si las medidas preventivas aplicadas por la Administración son las necesarias o a disponer de toda la información sobre los planes de desinfección y su ejecución, material de protección proporcionado, casos confirmados de contagio, posibles o probables…

Entendemos que el Comité de Seguridad y Salud es el instrumento idóneo, tras la correspondiente evaluación de los riesgos, para acordar entre otras medidas:

-La paralización temporal de la actividad durante el tiempo necesario para que se doten las medidas preventivas.

-El traslado provisional a otras estancias que cumplan las medidas preventivas hasta que se repongan los medios de protección.

-La paralización de la actividad cuando estime que el riesgo sea extremo y proponer a la Administración medidas alternativas como la suplencia del personal contagiado o con sintomatologías graves o que ha estado en contacto estrecho con personas contagiadas o sintomatologías graves.

Resulta de todo punto incongruente y carente de cualquier lógica paralizar el Comité de Seguridad y Salud cuando el país y, por tanto, el personal de justicia está inmerso en una crisis sanitaria grave y excepcional.

Exigimos a la Viceconsejería de Justicia una inmediata rectificación y, en consecuencia, la celebración de la reunión solicitada del Comité de Seguridad y Salud para el personal al servicio de la Administración de Justicia de Asturias, dado que se están produciendo modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en términos de seguridad, y negarse a su celebración por la Administración va en contra de la LPRL y del derecho a la información de los órganos de representación recogido en el TREBEP.

MUGEJU: Aviso a los mutualistas tratados con Hidroxicloroquina y Cloroquina


Nota informativa publicada en la página web de MUGEJU

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha indicado, en el marco del estado de alarma en que nos hallamos, que las prescripciones de medicamentos que contengan hidroxicloroquina/cloroquina como son los medicamentos: Dolquine, Xanban; HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo-Union, y Resochin deben realizarse en las recetas oficiales y tiene que acreditarse que el paciente cumple los requisitos establecidos para su prescripción.

Desde MUGEJU estamos remitiendo directamente a cada uno de nuestros mutualistas afectados una Declaración Responsable expedida por la Gerente de este organismo, para ser presentada -junto con la receta oficial de MUGEJU correctamente cumplimentada- en la oficina de farmacia para la dispensación de cualquiera de los medicamentos señalados anteriormente.

No obstante, ante la eventualidad de que debido a errores u omisiones que puedan contenerse en nuestra base de datos, no resulte posible la remisión de la Declaración Responsable, se avisa a las personas interesadas de que, si no la recibe en los próximos días, nos lo indique poniéndose en contacto con nuestros Servicios Centrales,  mediante correo electrónico en la siguiente dirección: farmacia.mugeju@lista.justicia.es .

MUGEJU: Acuerdo entre el CGCOF y Cruz Roja para la dispensación de medicamentos a domicilio


El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Cruz Roja han llegado a un acuerdo de colaboración que puede ser de interés para muchos mutualistas de MUGEJU con problemas para acudir a la farmacia en estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus.
Las más de 22.000 farmacias y la red de más de 200.000 personas voluntarias de la Cruz Roja han sumado sus fuerzas para facilitar la entrega a domicilio de medicamentos a pacientes en cuarentena, con problemas de movilidad, enfermedad aguda –incluidos los afectados por Covid-19- crónicos complejos con enfermedades respiratorias o que supongan un déficit de la inmunidad, diabéticos y con enfermedades cardiovasculares. El acuerdo, estará vigente mientras se mantenga el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Entrega a domicilio
El servicio podrá incluir la entrega de medicamentos en el domicilio de la persona que lo demande, con y sin receta médica, del SNS y de receta médica privada, productos sanitarios y productos de salud.
Los interesados podrán solicitar su medicamento a cualquier farmacia de su municipio o municipio limítrofe en caso de que en el suyo no haya farmacia.
Para más detalles sobre la prescripción de recetas, la gestión y entrega de los pedidos así como el pago de la mismos, pueden consultar los siguientes enlaces:

Protocolo actuación para coordinación de los riesgos laborales ante el COVID-19.


El Ministerio de Justicia ha publicado una guía que establece el protocolo de actuación en materia de prevención de riesgos laborales ante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19.


Protocolo de pagos en procesos judiciales durante el estado de Alarma.

El Ministerio de Justicia ha publicado un Protocolo de actuación conjunto para la realización de los pagos en Procesos Judiciales durante el estado de Alarma a través de la Circular 1/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia. 

Bolsa de interinos Gerencia de Burgos: actualización del mes de abril.


En la página Web del Ministerio de Justicia se publica la actualización al mes de abril de las bolsas de interinos de las provincias integrantes de la Gerencia territorial de justicia de Burgos.

miércoles, 1 de abril de 2020

Acceso al correo corporativo del trabajo desde cualquier ordenador, tablet o smartphone.


En la parte izquierda de nuestro blog hemos colgado un enlace permanente para que podáis acceder desde cualquier ordenador, tablet o smartphone al correo electrónico corporativo del trabajo. 

Para acceder sólo necesitáis el número de usuario y contraseña que utilizáis para acceder a la intranet y consultar la nómina.

OEP 2017-2018. Certificados de Notas Tramitación Procesal y Administrativa.


En la web de la sede electrónica del Ministerio de Justicia ya se pueden descargar los certificados de notas de los dos primeros ejercicios del proceso selectivo de Tramitación Procesal. Para obtenerlos es necesario disponer de certificado digital  Cl@ve o del número de la AEAT correspondiente a la inscripción de la convocatoria presentada para el acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. (796)

IRPF. Disponibles los borradores de la declaración de la renta 2019


Desde hoy podéis consultar el borrador de la declaración de la renta 2019,  en el que se reflejan los ingresos y rendimientos obtenidos durante ese año, accediendo a la web de la AEAT. El plazo de presentación se prolonga hasta el 30 de Junio. 

Recordad que los que estéis afiliados a STAJ podéis aplicar la deducción en el apartado rendimientos de trabajo de la casilla nº 014.


Plan de agilización de los Juzgados de lo Social, Cont-adv. y Mercantil tras el Estado de Alarma.


En el BOE de hoy miércoles se publica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En su disposición adicional deciminovena se recoge la realización de un plan de actualización en las jurisdicciones social, contencioso administrativo y mercantil para cuando finalice el estado de alarma. 

"Agilización procesal. 

Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis."

martes, 31 de marzo de 2020

Acuerdo sobre Servicios Esenciales y Disponibilidad de los LAJ y resto de personal funcionario de Justicia destinado en Asturias


Desde la Viceconsejería nos trasladan que las siguientes Instrucciones dictadas por la Secretaria de Gobierno serán de aplicación al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia destinado en el Principado de Asturias.

El Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020, que limita los movimientos personales para el desempeño del trabajo a los mínimos declarados esenciales durante el estado de alarma, mantiene la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia fijados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, indicando que deben prestarse en régimen presencial los siguientes servicios: 

a) Los servicios de juzgado de guardia en todos los partidos judiciales de España, así como las guardias de fiscalías de menores allí donde existan.

b) Las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer. 

c) Las actuaciones de Registro Civil declaradas esenciales en la resolución de 18 de marzo de 2020, en los términos aprobados por el protocolo de 27 de marzo, con especial atención a la expedición de licencias de enterramiento. 

d) Las actuaciones urgentes en causas con preso 

En todo caso se garantizará que, en cada sede judicial o fiscal en la que no exista un servicio de guardia, haya al menos un funcionario de los cuerpos generales de la administración de justicia en régimen de presencialidad durante las horas de audiencia pública. Este funcionario coordinará las actuaciones de registro, reparto y de decanato a los efectos de asegurar la correcta prestación de los servicios.


SERVICIOS PRESENCIALES EN ASTURIAS 

- Juzgado de Guardia que corresponda 1 Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios de conformidad a lo dispuesto en la Resolucion de 16 de marzo de 2020 de la Viceconsejera de Justicia de Asturias.

- Juzgado de Violencia sobre la Mujer en funciones de guardia, 1 Letrado de la Administración de Justicia, continuándose con el turno rotatorio establecido para los Juzgados de Instrucción y Violencia sobre la Mujer de Oviedo y Gijón, y para los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Avilés; y los funcionarios determinados en la Resolución de 16 de marzo de 2020.

 Registro Civil, 1 Letrado de la Administración de Justicia turnándose diariamente con los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgado de lo Mercantil, siguiendo el turno rotatorio establecido en Oviedo, Gijón y Avilés; y un funcionario del Cuerpo de Gestión/tramitación 

- Actuaciones urgentes en causas con preso, el Letrado de la Administración de Justicia del Órgano que esté conociendo de la causa; y 1 funcionario gestor o tramitador por cada dos Juzgados de lo Penal, además de un funcionario del Cuerpo de Gestión/tramitación en cada una de las Secciones de la Audiencia con competencias Penales, y en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Menores. 

- DECANATO. – En Los Servicios Comunes de Registro y Reparto de los distintos Partidos Judiciales y en el Servicio de Registro de la Audiencia Provincial habrá 1 funcionario de forma presencial. - En las Salas del Tribunal Superior de Justicia un funcionario del Cuerpo de Gestión/tramitación, en cada una de ellas. 


SERVICIO DE DISPONIBILIDAD EN ASTURIAS 

Todos los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que no se encuentren incluidos el apartado anterior, no deben acudir a las sedes judiciales. 

Deberán estar durante su jornada laboral estarán localizables y disponibles para acudir al juzgado a la mayor brevedad posible si fuesen requeridos para la prestación de cualquier servicio que no pueda ser prestado a distancia o para cualquier incidencia que pudiera presentarse. Establece la Resolución del Ministro que, “Los Secretarios Coordinadores Provinciales, articularán las medidas necesarias para tener a su 3 disposición el listado de Letrados de la Administración de Justicia y resto de funcionarios a los que corresponda en cada turno garantizar la cobertura del servicio en todos los partidos judiciales de su territorio.

Asimismo, garantizarán la adopción de las medidas necesarias para que el servicio se preste preferentemente a distancia, o en su defecto desplazando al menor número posible de funcionarios”. 


MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS

1ª.- El funcionario del Juzgado Decano o del Servicio Común de la Audiencia, deberá avisar porteléfono al Letrado de la Administración de Justicia al que haya correspondido el asunto. 

Para ello dispondrá de un listado con los teléfonos móviles de todos los Letrados de la Administración de Justicia, que como se ha dicho anteriormente deberán estar plenamente disponibles en horario laboral, salvo los que han prestado declaración responsable o su ausencia al trabajo está justificada por otra causa. En estos casos atenderá el sustituto legal. 

Se solicita se dote de un ordenador portátil a los Letrados de la Administración de Justicia de los Servicios de Registro y Reparto de Oviedo, Gijón y Avilés para que pueda realizar y supervisar la labor de control del registro desde su domicilio.

2ª.- Cada Letrado de la Administración de Justicia, elaborará un listado de los funcionarios de su Juzgado con sus números móviles a efectos de dar cumplimiento a la resolución del Ministro. 

Estos listados se remitirán por correo electrónico al Secretario Coordinador 

3ª.- En las localidades con 2, 3 y 4 Juzgados mixtos, el Juzgado de guardia, asume todas las competencias, como si de fin de semana se tratara. 

Notifíquese al Ilmo. Sr. Secretario Coordinador y Letrados de la Administración de Justicia destinados en este territorio.

 Oviedo, a 31 de marzo de 2020. 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO TSJ DE ASTURIAS 

Raquel Martínez Mazón

STAJ informa. La Secretaria de Gobierno dictará unas instrucciones sobre los Servicios Mínimos.


En el día de ayer se dictó por el Ministerio de Justicia la Resolución de Servicios Mínimos por la que se establecen las dotaciones de plantilla en los distintos órganos judiciales en cumplimiento del Real Decreto 10/2020 de 29 de marzo. 

Sin embargo, ésta Resolución ha generado numerosas dudas y consultas en lo referente a determinar qué órganos deben quedar en régimen de presencialidad y cuáles en régimen de disponibilidad, por lo que desde STAJ requerimos a la Admón. del Principado de Asturias para que aclarara los puntos controvertidos, como por ejemplo la Disposición Quinta, a fin de minimizar el riesgo de exposición al virus y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, toda vez que lo que se busca con el mencionado Decreto, es reducir la movilidad de los trabajadores a la "propia de un fin de semana".

Es evidente que el servicio público de la Justicia tiene carácter esencial, pero dadas las extraordinarias y excepcionales circunstancias en las que nos encontramos consideramos que es imprescindible que la Resolución del Ministerio se interprete en favor de que el servicio se preste en régimen de Disponibilidad, salvo las excepciones establecidas en la Disposición Tercera de los Servicios Mínimos, (los servicios del Juzgado de Guardia, las actuaciones del Registro Civil declaradas como esenciales, las causas con preso, las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer), con la máxima garantía de derechos para los ciudadanos y los trabajadores.

La Viceconsejería se había comprometido a dictar una nota aclaratoria interpretativa de los Servicios Mínimos. Posteriormente, la Viceconsejera nos comunica que será la Secretaría de Gobierno quién emitirá unas instrucciones. 

Os seguimos informando.