Seis sindicatos acusan al CGPJ de poner en riesgo la salud de miles de funcionarios de Justicia

Los seis sindicatos que representan a los funcionarios de Justicia se han puesto en pie de guerra contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que acusan de “poner en riesgo su salud”, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias “innecesarias”. Consideran que discrimina a estos funcionarios frente a los jueces, a quienes se les permite -según denuncian- trabajar desde casa “con los equipos informáticos prestados por la administración y de los que no dispone el resto de personal de la Justicia”.

Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) se han puesto de acuerdo para reprobar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todo el órgano por su gestión en la crisis sanitaria del Covid-19. Además, les acusan de atribuirse unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales. “Ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia”, recogen en un comunicado conjunto.

Para las seis organizaciones sindicales, los comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los tribunales superiores de justicia por acuerdo de la comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. “En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia”, añaden.

Sabotaje

Estos sindicatos denuncian la táctica de sabotaje empleada por el órgano que regula a los jueces para impedir el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. “Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia”.

Además, reclaman una disculpa por parte de Lesmes por acusar a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia de “falta de profesionalidad” por poner en entredicho la obligación de ir a sus puestos de trabajos sin las condiciones necesarias que salvaguarden su salud.

“Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia”, subrayan.

Piden ayuda a Justicia

Ante esta situación, estos sindicatos piden ayuda al Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, y a las comunidades autónomas con las competencias transferidas para que “pongan freno” al CGPJ. “La Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los jueces y magistrados.

La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados públicos que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales”, concluyen.

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La prensa refleja deficiencias en el Palacio de Justicia de Gijón, así como la falta de personal en los Juzgados de Primera Instancia nº 10 y 11 y Familia.

En el día de ayer la prensa se ha hecho eco de algunos de los problemas que existen en el Palacio de Justicia de Gijón, como son la falta de calefacción, en algunas dependencias judiciales, como los Calabozos, así como la falta de personal en determinados Juzgados, donde desde hace tiempo se acumula la carga de trabajo. 

Las promesas incumplidas por parte del Principado de Asturias, tal y como ha denunciado STAJ, afectan especialmente a los Juzgados de Primera Instancia número 10 y 11, donde llevan tiempo con dos funcionarios menos que sus homólogos en Gijón. "El Principado tenía pensado crear veinte plazas de refuerzo en un plazo de cuatro años, tras un estudio de las necesidades que existen, a razón de cinco plazas por año", explican representantes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). De hecho, el pasado mes de Diciembre el compromiso seguía vigente por parte del Principado.'"Todos los sindicatos integrantes de la Comisión de de Refuerzos del Acuerdo de salida de Huelga, mantuvimos una reunión con ellos y nos prometieron que estaban ya consignadas esas plazas en los presupuestos, pero al final no lo incluyeron, se perdieron por el camino", denuncian desde el STAJ. Esa ausencia, lamentan, "conlleva un mínimo de retraso de un año" que seguirá afectando tanto a los Juzgados de Primera Instancia 10 y 11 como a los Juzgado de Familia de Gijón.

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El poder judicial prorroga los juzgados especializados en cláusulas suelo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas han acordado prorrogar entre seis meses y un año el plan de especialización en juzgados de cláusulas abusivas. La duración de la prórroga dependerá de la situación concreta de cada órgano judicial y de su carga de trabajo, informó el CGPJ en un comunicado.

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El número de funcionarios estatales cae al mínimo en democracia

La Administración pública del Estado nunca ha tenido en democracia menos empleados públicos en nómina. La transferencia de competencias a las comunidades autónomas en 2002 y los recortes de la crisis que se han prolongado durante casi una década han dejado la plantilla de la Administración estatal muy mermada. Desde 2011, cuando se alcanzó el máximo en casi 20 años, el número de efectivos públicos se han reducido un 14% hasta los 507.830 empleados. Las comunidades, por su parte, están recuperando el empleo perdido en la Gran Recesión. 11 de las 17 autonomías ya cuentan con más funcionarios que nunca.

Durante los años de plomo de la Gran Recesión las plantillas a cargo de todas las administraciones públicas españolas encogieron como las noches en verano. Apenas se aprobaron convocatorias públicas y las jubilaciones apenas se cubrieron. Los empleados públicos tuvieron que afrontar más carga de trabajo, vieron como su sueldo disminuía y perdían la paga extraordinaria de la Navidad de 2012.

Aunque poco a poco han ido recuperando los derechos perdidos durante la amarga época de estrecheces, los efectivos de la Administración pública estatal son menos que nunca en democracia, según la estadística divulgada este lunes por el Ministerio de Hacienda. A inicios de 2019, el sector público en España contaba con 2.578.388 empleados públicos en nómina, un 0,7% más que el año anterior. Esta estadística oficial contabiliza los funcionarios de carrera, personal estatutario de sanidad, interinos, eventuales y personal laboral que tiene contratada cada administración. A pesar de la mejora de la plantilla pública aún faltan 117.640 funcionarios para alcanzar el máximo de 2010.

Menos que la media europea

Para ver si España tiene muchos o pocos funcionarios hay que mirar a los países de nuestro entorno. El porcentaje de trabajadores públicos es del 15% en España similar al de Portugal e inferior al al 29% en Suecia, el 22% de Francia. Otros países como Italia (14%) o Alemania (10%) cuentan con menos empleados públicos. La media comunitaria es del 16%.

La plantilla de la Administración pública estatal incluye a los trabajadores de la Administración general del Estado, los empleados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y los empleados del sector público estatal.

El Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas publicado este lunes permite dibujar la historia clínica de cada administración en los últimos años. Aunque la crisis comenzó oficialmente en septiembre de 2008, con la célebre caída de Lehman Brothers, las administraciones públicas no comenzaron su ajuste de personal hasta finales de 2011.

Plantillas envejecidas y más carga de trabajo

El Gobierno de Zapatero abrió la veda al limitar la tasa de reposición —las sustituciones por cada baja— al 30% en 2009. Es decir, que si un año se jubilaban 100 funcionarios solo eran reemplazados por 30 nuevos empleados. Rajoy también restringió la tasa de reposición durante sus seis años de mandato. De hecho, hasta 2016 eliminó las reposiciones. No se sustituían los empleados que se jubilaban salvo los de sectores esenciales.

El resultado de prolongar este mecanismo de ajuste durante 10 años ha derivado en una plantilla envejecida, con más carga de trabajo y abocada a una gran renovación o restructuración. En los últimos 15 años la edad media de la plantilla en la Administración General del Estado ha pasado de 46 años en 2004 a 52 años en 2019, según datos oficiales. El 15% del personal funcionario del estado ya tiene más de 60 años y solo el 10% tiene menos de 40 años. Según datos de la secretaria de Estado de Función Pública en 10 años se jubilará el 51,2% de los funcionarios de la Administración del Estado.

Oferta de empleo público

El grueso de esta oferta de empleo es para cubrir plazas vacantes de trabajadores que se han jubilado o han causado baja en los últimos años. Se trata de plazas para elevar la tasa de reposición al 100%, con lo cual apenas se crean nuevos puestos de trabajo.

Más allá de los empleados de la Administración estatal, las comunidades autónomas son las únicas que ya están recuperando el empleo público perdido durante la crisis. Los Gobiernos regionales tenían contratadas a 1.339.111 personas, un 1% más que un año antes. De hecho, 11 comunidades ya cuentan con más funcionarios que en 2012, cuando las plantillas públicas de estas administraciones eran más voluminosas. Casi ocho de cada 10 trabajadores públicos contratados por las administraciones regionales son médicos, enfermeras, auxiliares médicos, celadores, profesores y docentes.

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Crece un 6% el porcentaje de funcionarios que eligen aseguramiento público en la última década

El porcentaje de funcionarios de la Administración del Estado que eligen el aseguramiento público a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) creció seis puntos en la última década, pasando del 14 al 20%, un porcentaje muy elevado según expertos en economía de la salud que han elaborado el estudio El misterio de Muface: ¿Selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?

El crecimiento responde al factor de envejecimiento del cuerpo funcionarial, a lo que se añade la selección del riesgo: los que tienen peor salud o requieren tratamientos de enfermedades más graves eligen la atención en el sistema público, mientras que los más sanos seleccionan la atención privada (que tiene financiación pública a través de Muface). Estas son algunas conclusiones del estudio, elaborado por los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Beatriz González López-Valcárcel y Jaime Pinilla, que aborda la situación de dos millones de funcionarios que pueden elegir aseguramiento público o privado.

El trabajo se ha presentado en las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, organizadas por la Asociación de Economía de la Salud en Albacete y que arroja dos conclusiones principales y relacionadas.

En primer lugar, destaca el envejecimiento del colectivo de funcionarios “porque han entrado muy pocos nuevos, pocos jóvenes por debajo, y por lo tanto los funcionarios se hacen mayores”, advierte González López-Valcárcel.

Pero vinculado al envejecimiento, lo que está ocurriendo sobre todo es que hay una selección de riesgos, por la que los funcionarios más sanos, aquellos que precisan tratamientos de poca complejidad “tienden a irse a la privada”,porque les facilita el no tener que esperar: “no tener pasar por el filtro del médico de cabecera y hacer “shopping” de consultas de especialista sin filtro, que es más cómodo”, subraya la profesora de la Ulpgc.

En cambio, aquellos funcionarios que tienen problemas graves de salud, los que presentan una mayor comorbilidad, con enfermedades crónicas o cáncer, que son enfermedades más caras, “se van a la pública”.

Así, con datos desde 2006, estos investigadores han detectado una subida en la elección de cobertura pública por los funcionarios de seis puntos, que es “muchísimo”.

“Tradicionalmente los que elegían la pública suponían un 15% o menos, frente al 85% o más que seleccionaba la atención privada”, remarca Beatriz González, pero en diez años los funcionarios que eligen el INSS han pasado del 14 al 20%.

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Montero subirá un 0,25% el sueldo a los funcionarios en julio. IRPF de maternidad.

Hacienda hará que el alza salarial del 0,25% a los empleados públicos ligada al crecimiento de la economía se pague en la nómina de julio. Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras una visita a la delegación de la Agencia Tributaria en Madrid esta mañana.

«Se llegará para la nómina de julio», ha sentenciado al ser preguntada por periodistas sobre el pago de este 0,25%.

El incremento era el único que faltaba por pagar hasta la fecha del acuerdo firmado por el Gobierno de Rajoy y los sindicatos de funcionarios. Este 0,25% dependía de que el PIB de 2018 creciera un 2,5% o más. Al avanzar un 2,6%, el abono, que se debía hacer desde el 1 de julio, estaba pendiente de aprobarse. Estando en funciones, el Ejecutivo tenía dudas de si podía sacar un decreto aprobando esto, aunque Montero no ha detallado cómo lo hará. Hacienda era el ministerio que tenía la última palabra y ha anunciado que «están trabajando» para que se pague en un mes.

IRPF de maternidad.

Además, Montero ha avanzado que más de 734.000 madres y padres han recibido hasta ahora un total del 960 millones de euros por la devolución del IRPF vinculada con los permisos de maternidad y paternidad disfrutados entre 2014 y 2017. Los contribuyentes han recibido 1.309 euros de media, 2.066 las madres, y 483 los padres. La ministra ha destacado que se va a intentar devolver "cuanto antes" a quienes reclamaron primero de años anteriores.

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Los tribunales Asturianos tienen una de las mejores tasas de resolución del país con uno de los indicadores más altos de litigiosidad.

Asturias tiene un tapón en sus tribunales. A finales de 2018, el sistema judicial acumulaba 41.592 asuntos pendientes, lo que suponen 4.000 más que justo un año antes. Aunque las cifras demuestran una congestión evidente del sistema, lo cierto es que el Principado se encuentra en mejores condiciones que otras comunidades autónomas. La comparación realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su Informe de situación de los órganos judiciales en el año 2018 lo demuestra. Esta estadística revela que Asturias tiene una de las tasas de litigiosidad más altas del país, es decir, ingresa más asuntos por habitante que el resto. Así que de poco sirve que se le atribuya un buen indicador de resolución o la segunda menor tasa de pendencia de país, que es la que mide, que la mide la proporción entre los asuntos pendientes y los resueltos a lo largo del año.

La clave está en que se recurre mucho a los juzgados. Solo en Canarias y Andalucía lo hacen más que en el Principado. La tasa de litigiosidad asturiana es de 136,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. En Canarias se eleva a 167,5 y en Andalucía, a 145,1. La proporción es, por tanto, considerable. El número total de casos también ayuda a comprender el volumen del problema. 

En 2018, en Asturias, se ingresaron 140.041 asuntos. Las autoridades judiciales explican que ha habido un incremento de los asuntos civiles en global y de los que quedaron pendientes. Esto se debe «al papel importante que han tenido las demandas contra los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es una persona física», en términos más coloquiales, a las cláusulas suelo. En la jurisdicción penal, en cambio, el número de nuevos asuntos cayó un 2,5%. Por poner otro ejemplo, los juzgados de lo social ingresaron de media 875,14 asuntos y 3.041 por sala.

La memoria se presenta tras un año clave en la justicia española y asturiana por extensión, con diferentes movilizaciones y jornadas de huelga, por la falta de recursos y también contra los traslados forzosos. El 19 de noviembre el paro de jueces y fiscales se produjo para protestar por la falta de medios y los ataques a la independencia judicial. Tres días antes habían parado miles de funcionarios de la Administración de Justicia para rechazar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y destruye empleo del personal interino. La primera de las movilizaciones, en cambio, se remontan ya al mes de mayo, con un seguimiento masivo. Entre sus principales demandas se encontraban ya el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia, el aumento de su calidad y eficacia, y la mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales, con una actualización de las retribuciones. Entre las reclamaciones de los fiscales destaca la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios, atribuir la formación a la Fiscalía General del Estado y reforzar su independencia y autonomía presupuestaria.

Si las cifras asturianas asustan, las nacionales aún lo hacen más. Los juzgados y tribunales españoles recibieron el año pasado 5.991.201 asuntos nuevos (1,5 millones sólo en el último trimestre), lo que supone un incremento del 2% respecto de 2017, motivado especialmente por las subidas de 9 y 6,5 puntos en las jurisdicciones civil y contencioso administrativo, respectivamente, y pese a la reducción del 2,5% en lo penal. Lo social también creció, aunque un 0,3%. Según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al cierre del año quedaron por resolver 2.609.182 asuntos, lo que significa un incremento del 9,6% respecto a los temas pendientes en 2017. Mientras, se terminaron 5.780.634 asuntos, un 0,6% más.

Los cuadros estadísticos con los resúmenes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) revelan que los jueces del Principado comenzaron el 2018 con 37.577 asuntos en su debe. Ese volumen de asuntos pendientes siempre resulta un lastre. En los 12 meses siguientes ingresaron 140.041 asuntos más y pudieron resolver 134.365. Así que el resultado final de todo lo pendiente suma 41.592. La inmensa mayoría (más del 50%) son de la jurisdicción civil. De media, cada órgano judicial en la región tiene 374 casos pendientes.

El incremento de asuntos pendientes pivota de hecho sobre la jurisdicción civil. Los de penal han descendido ligeramente, hasta situarse en 10.364. Los contenciosos-administrativos también bajaron hasta los 2.377 asuntos. En lo social se produjo un ligero repunte de apenas un centenar de casos. Si se mira únicamente la parte de las sentencias. La memoria del Informe de situación de los órganos judiciales en el año 2018 señala que a fecha 31 de diciembre de 2018, el Principado tenía en trámite, sin resolver, 48.501 sentencias. Nuevamente, el gran tapón se focaliza en la parte civil, con casi 40.000. S

Para comparar territorios, el CGPJ utiliza tasas. El Principado no sale mal parado. Su tasa de resolución está en la media y muy por encima de Galicia, que se encuentra a la cola. La tasa de pendencia es la segunda más baja de todo el país y la de congestión también es la segunda mejor. La clave del colapso parece descansar únicamente en la litigiosidad.

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La jornada de 35 horas espera noticias de abril

La medida, que fue aprobada por unanimidad el pasado verano, requiere que el Principado haya cumplido con la regla de gasto.

Sobre el papel, los funcionarios de la administración asturiana tienen ya desde el uno de enero de este 2019 reconocida la jornada de 35 horas semanales. Así se aprobó el pasado verano en la Junta General y por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Pero la iniciativa marcaba una condición, la de que entrara en vigor siempre y cuando lo permita la legislación básica y previa negociación colectiva. Sobre el acuerdo con los trabajadores no hay mucho debate pero la referencia al cumplimiento de la legislación básica, que se trata fundamentalmente del encaje en el rigor de la regla de gasto y sus entresijos, no se conocerán hasta pasado el primer trimestre del año, quizá alrededor del mes de abril. 

Si en esas fechas el Ejecutivo central dictaminara en su informe que Asturias cumple la regla de gasto, la medida se pondría en marcha. Pero no hay buenos precedentes: el año pasado el Principado no se encontró entre las comunidades cumplidoras de este límite en concreto aunque, si sirve de consuelo, lo cierto es que fueron muy pocos los territorios que se ciñeron a la regla. Sólo Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana cumplieron en 2017 la regla de gasto, que se había fijado en un 2,9%, mientras las otras diez autonomías, y entre ellas el Principado, lo sobrepasaron.

La una jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos de Asturias supondría una rebaja de dos horas y media menos que la actual. Cuando se aprobó la medida en la Junta General el pasado verano, también se fijó que la ley permitiera que funcionarios pudieran cobrar en septiembre el incremento salarial máximo autorizado por el Ejecutivo central y los atrasos acumulados desde el mes de enero del año anterior.

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Los salarios de los funcionarios subirán otro 0,25% en julio

Los 2,5 millones de empleados públicos verán cómo en julio su salario vuelve a revalorizarse otro 0,25% adicional después de la subida del 2,25% que ya se les ha hecho desde enero, tal y como aprobó el Gobierno a finales de año en un Real Decreto. 

Esto se debe a ese porcentaje variable que estaba vinculado al crecimiento de la economía española en 2018 en función de unos parámetros que oscilaban entre el 0,05% si el PIB avanzaba un 2,1% y el 0,25% de máximo si se impulsaba un 2,5% o más, según se recogía en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que los sindicatos pactaron con el anterior ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Según publicó este jueves el INE, la economía española creció un 2,5% en 2018. Pese a tratarse de un dato adelantado que se confirmará el 29 de marzo, el mencionado acuerdo establecía como referencia esta «estimación del avance del PIB que cada año publica el INE», por lo que aunque finalmente ese incremento fuera inferior, los funcionarios ya tienen asegurada esa nueva actualización.

Sin embargo, esta nueva subida no tendrá carácter retroactivo y entrará en vigor a partir del 1 de julio, según lo pactado. No obstante, podría ser que los empleados públicos vieran a lo largo del año otra subida puesto que se establecía otro 0,25% de fondos adicionales (que se elevaba al 0,30% si la Administración tiene superávit), un porcentaje que deberán negociar los sindicatos. De esta forma, en algunos casos el alza salarial llegaría al 2,75%.
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El sueldo de los funcionarios subirá otro 0,25% en julio si se alcanza el crecimiento previsto

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 presentado este lunes en el Congreso de los Diputados recoge un aumento de las retribuciones de los empleados públicos del 2,25%, que podría incrementarse un 0,25% a partir del 1 de julio si se alcanza el crecimiento previsto para 2018.

Además, por la asignación de fondos adicionales, la subida del salario de los empleados públicos podría alcanzar hasta el 2,75% en este año. 

De acuerdo con el contenido del II Acuerdo para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo alcanzado entre el Gobierno y sindicatos, la oferta pública de empleo para 2019 incluye una tasa de reposición del 100% con carácter general y una bolsa adicional del 8% para los sectores que las distintas administraciones consideren necesario reforzar.

En el marco del II Acuerdo, también se continúa con el proceso de estabilización y reducción de la interinidad, que permitirá la convocatoria de 10.575 nuevas plazas para la Administración de Justicia hasta el año 2019.

Las mutualidades que conforman el mutualismo administrativo (Muface, Isfas y Mugeju) presentan una dotación conjunta que se cifra en 2.644 millones de euros, con un ligero incremento del 0,6% respecto al año anterior, teniendo como finalidad fundamental dar asistencia sanitaria y diversas prestaciones económicas de carácter social a los funcionarios.

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Pedro Sánchez anuncia una subida del 2,25% del sueldo de los funcionarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Senado este martes que el Gobierno aprobará el viernes, en el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona, la subida del salario de los funcionarios del 2,25% para el año que viene. A ello se podrá añadir un 0,25% variable ligada a la evolución del PIB y otro 0,25 de fondos adicionales, según ha revelado en su comparecencia en una sesión plenaria del Senado con un único punto en el orden del día sobre los aspectos generales de la política del Gobierno. En total, en un escenario un escenario óptimo, la subida salarial podría alcanzar el 2,75%, siempre que el PIB creciera un 2,5% frente a la previsión del 2,3%. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ya aseguró este lunes que se subirían los salarios de los empleados públicos a partir del 1 de enero.

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La tasa de litigiosidad aumenta en Asturias

El Principado es la cuarta comunidad con más asuntos en los juzgados

La tasa de litigiosidad en Asturias aumentó en el tercer trimestre de este año respecto del mismo periodo del año anterior, hasta situar a la región en el cuarto puesto del ranking nacional con 29,9 asuntos judiciales por cada mil habitantes, mientras que hace un año era del 27,8. La media nacional es de 28,7, según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales que acaba de publicar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los juzgados asturianos de jurisdicción Civil son los que más han visto aumentar el número de casos, debido fundamentalmente a las demandas por cláusula suelo, y también los de Penal, aunque en menor medida. Por contra, en la comparativo interanual bajaron en el Contencioso-Administrativo y en la jurisdicción Social.

La media de tasa de litigiosidad nacional se situó en 28,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, y por encima se situaron Canarias (38,3), Baleares (32,8), Andalucía (32,7), Asturias (29,9), Cantabria (29,8), y la Comunidad Valenciana (29,2).

En el otro extremo se situaron La Rioja (19,5), País Vasco (20,38) y Navarra (21,37), seguidas de Extremadura (22,2), Castilla-La Mancha (23,9), Aragón (25,1), Castilla y León (25,4), Galicia (26,8), Madrid (27,5), Cataluña (27,6) y Murcia (27,9).

A partir de todos estos datos y de las series históricas trimestrales, el Consejo General del Poder Judicial calcula que este año ingresarán más de 5,9 millones de asuntos, el 1,3 por ciento más que hace un año, se resolverán alrededor de 5,7 millones (0,6 % menos) y quedarán en tramitación 2,6 millones (10 % más).

En el tercer trimestre de este año, los tribunales españoles aumentaron en un 2,4 % su capacidad de resolución de asuntos respecto al tercer trimestre de 2017, pero el número de asuntos pendientes se incrementó aún más: un 9,8 %.

En números absolutos se resolvieron durante el tercer trimestre de este año 1.209.693 casos y al finalizar ese periodo quedaban en trámite 2.564.824 asuntos.

También aumentaron los asuntos ingresados: un total de 1.339.337, 0,7 % más que en el mismo trimestre de 2017.

Solo en la jurisdicción penal se registró un descenso interanual en el número de nuevos asuntos: un 1,3 % menos que el año anterior. Ingresaron en el trimestre 752.336 asuntos, se resolvieron 714.728 (1,8 % menos) y han quedado en trámite 725.549.

En la jurisdicción civil los 452.025 asuntos ingresados representan un incremento del 3,3 % respecto al mismo trimestre de 2017; se resolvieron 389.771 asuntos (10,6 % más) y quedaron en trámite 1.361.591 (20,7 % más).

El CGPJ destaca el peso en esas cifras de las reclamaciones presentadas por las cláusulas suelo de las hipotecas: van descendiendo los casos que llegan a los juzgados y aumenta de forma "muy importante" el número de casos resueltos (16.692 más en el trimestre), pero también el de los pendientes (165.467 más).

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 42.473 nuevos asuntos, lo que supone un incremento del 6,5 %. Se resolvieron 37.846 casos (6,9 % más) y quedaron en trámite 185.337.

Según el informe, una parte importante del incremento de los asuntos resueltos se debe a la actuación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha dictado 854 autos de extensión de efectos en procedimientos relacionados con el céntimo sanitario y 586 providencias de inadmisión de recursos de casación.

Por su parte, en la jurisdicción social se recibieron en el conjunto del país, en el tercer trimestre 92.500 asuntos (1,8 % más que en el mismo periodo del año anterior) y se resolvieron 67.317 (2,4 % más), quedando en tramitación un total de 292.268 casos.

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Miles de funcionarios de Justicia salen a la calle: STAJ se rebela contra el caos y la precariedad

Miles de funcionarios de la Administración de Justicia de toda España han hecho este viernes la primera huelga general del colectivo y se han concentrado en Madrid  -ver vídeo- para pedir a la ministra Dolores Delgado y al Senado que "frenen" la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al considerar que "atacan" sus derechos laborales.

Según los cuatro sindicatos convocantes -CCOO, UGT, CSIF y STAJ- el 80% de los funcionarios han secundado la huelga, y unos 5.000 trabajadores de toda España han participado en la manifestación. Para hacer más presente su demanda, los representantes sindicales entregaron este miércoles en el Ministerio de Justicia 30.000 firmas.

Con esta reforma se prohíbe el incremento de plantilla y asignación de medios materiales cuando se designen jueces de refuerzo; y se limitan los nombramientos de personal interino y de refuerzo, según explican los sindicatos. Otra de las denuncias ha sido la "politización" de la Justicia. 

"La politización no sólo se hace nombrando a dedo, como han hecho con los cargos del CGPJ", ha afirmado el vicesecretario general del STAJ, José Luis Fernández, en alusión al pacto entre el PP y el PSOE para elegir al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena como nuevo presidente el órgano de gobierno de los jueces.

"También se hace moviendo a los funcionarios de sitio a su antojo y sin ninguna limitación y sin negociación colectiva con los representantes de los trabajadores", ha añadido, al mismo tiempo que ha indicado que esto sirve para "ralentizar" y "entorpecer la labor de juzgados y tribunales".

Enlace a prensa

La prensa se hace eco de las movilizaciones del personal de Justicia en Asturias

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT del ámbito estatal de Justicia tienen convocada una huelga general para el viernes de la semana que viene, día 16, pero previamente realizarán varias concentraciones ante los Juzgados asturianos, la primera mañana mismo, de diez a diez y media, ante el palacio de Justicia de Gijón. Seguirá una nueva concentración este viernes, a la misma hora,en los juzgados avilesinos. La de Oviedo tendrá lugar el miércoles de la semana que viene. El día 16, aparte de la huelga de funcionarios, habrá una gran manifestación en Madrid.

Con la huelga quieren mostrar su "más rotunda y enérgica protesta contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que supone una injerencia política en la Administración de Justicia y un menoscabo de la independencia judicial y de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, todo ello a costa de una brutal agresión a nuestros derechos lo que conllevará un empeoramiento del servicio público".

Para los funcionarios, "esta reforma de la Ley supone una vulneración del derecho a la negociación colectiva, afectando a las condiciones sustanciales del trabajo sin previa negociación". Por ejemplo, los funcionarios dejan de tener un puesto concreto en un juzgado concreto y pueden ser desplazados a aquellos órganos en los que haya más necesidades. Además, un delegado del Ministerio de Justicia tendrá funciones disciplinarias, incluso en aquellas regiones en las que la Justicia esté transferida, como es el caso de Asturias.

"La Justicia es un servicio público esencial. Así lo entendemos los sindicatos convocantes y pelearemos en defensa de que se preste dicho servicio con los recursos adecuados, al mismo tiempo que lo haremos en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", señalan los sindicatos en una nota.

No son los únicos colectivos de Justicia que se están movilizando. El martes de la semana que viene, los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, pararán dos horas, y para el día 19 está prevista una huelga de jueces y fiscales, cuya convocatoria está avalada por la siete organizaciones profesionales de este sector.

Enlace a el Comercio

El Tribunal Supremo declara que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF

El Tribunal Supremo corrigió a Hacienda en una sentencia dictada la semana pasada, declarando que las prestaciones por maternidad que abona la Seguridad Social deben tener la misma exención que las ayudas percibidas por nacimiento, parto múltiple o adopción.

La citada sentencia se refiere a las prestaciones que las trabajadoras sujetas al régimen de la Seguridad Social perciben como sustitución a su salario durante el tiempo que dura la baja por maternidad.

• ¿Quién puede beneficiarse del fallo?

En la administración de justicia las únicas trabajadoras que perciben dichas prestaciones son las interinas sujetas al citado régimen de la Seguridad Social. Por el contrario, las titulares no reciben dichas prestaciones, ya que en su caso lo que hacen es tramitar una licencia por maternidad, percibiendo íntegramente su nómina durante todo el periodo de la misma.

 Por todo ello, a fecha de hoy solamente podemos dar por seguro que la sentencia del Supremo es aplicable a las compañeras interinas, aunque nuestro departamento jurídico también está estudiando la posibilidad de que las titulares puedan beneficiarse de este pronunciamiento, informando en breve de los pasos a seguir en su caso.

• ¿Qué plazo hay para reclamar?

 La sentencia afecta a todas las prestaciones que no hayan prescrito y como la prescripción es de cuatro años, significa que se puede reclamar la posible devolución del dinero tributado desde el año 2014 en adelante. Es decir, que quienes cobraron la prestación de maternidad durante el año 2014, y tributaron por ella en la declaración de la renta presentada en 2015, tienen hasta el 31 de diciembre de este año para solicitar la devolución. Las que cobraron en 2015 tienen hasta el cierre de 2019, y así sucesivamente.

• ¿Cuánto se puede recuperar?

 Todo depende de los ingresos anuales de cada persona. Ya que el cambio de concepto de estas prestaciones implica que se debería hacer un nuevo cálculo de lo abonado a hacienda en el ejercicio correspondiente. Los técnicos de Hacienda recuerdan que no todos los casos en que se hayan percibido prestaciones por maternidad suponen necesariamente el derecho a devoluciones.

• ¿Cuál es el camino para recuperar el dinero?

 El procedimiento puede realizarse en cualquier oficina de la Agencia Tributaria, o incluso a través del servicio online de renta web. Hacienda ha dicho que está preparando un formulario específico y los técnicos recomiendan posponer unos días la solicitud hasta que se pongan en marcha los mecanismos que faciliten y aceleren los trámites.

Sentencia: la prestación de maternidad exenta de IRPF

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El Gobierno pretende ampliar la baja de paternidad de los funcionarios hasta los 4 meses

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a Podemos ampliar la baja de paternidad de los funcionarios gradualmente hasta los 4 meses en 2021, según una información adelantada este miércoles por El Confidencial y confirmada a Europa Press por fuentes de la formación 'morada'.

Según el diario digital, este acuerdo estaría recogido en el documento "Contribución al cambio social desde la política presupuestaria" que Hacienda envió este lunes a los negociadores de Unidos Podemos, con quienes busca pactar la senda de estabilidad.

En el escrito, se apuesta por fijar un "plazo efectivo e inaplazable" para igualar los permisos de maternidad y paternidad de los empleados públicos de la siguiente forma: en 2019 serían ocho semanas; en 2020 subirían a 11 semanas, y en 2021 llegarían a 16 semanas.

el confidencial

el economista

la sexta

El Juzgado especializado en cláusulas suelo de Oviedo recibe el premio Calidad de la Justicia por ser "el más eficaz "

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido el premio de Calidad de la Justicia en su modalidad de más eficaz al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, «por conseguir dar una respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social». Desde el 1 de junio de 2017, día en el que se puso en marcha el plan de urgencia del órgano de gobierno de los jueces para evitar el aumento de carga de trabajo ante la previsible avalancha de demandas por este asunto, el juzgado asturiano ha dictado un total de 992 sentencias en esta materia. Resolvió en tan solo siete meses el 30% de los 3.287 asuntos ingresados, cuyas sentencias fueron favorables al cliente prácticamente en su totalidad.

Desde STAJ queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a todo el personal destinado en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, por el premio de Calidad de la Justicia que ha recibido por parte del CGPJ, como el Juzgado más eficaz.  

A pesar de la falta de medios, tanto personales como materiales, de los que adolece nuestra Administración, los Juzgados asturianos se encuentran a la cabeza en la tramitación y resolución de  procedimientos entre los órganos judiciales de todo el territorio nacional, tal y como refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial año tras año, todo ello gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación del personal de la Administración de Justicia que se esfuerza en dar un servicio público de calidad a los ciudadanos.

20 minutos

la voz de asturias
La Nueva España

El Congreso da luz verde definitiva a los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 han superado este jueves su último trámite parlamentario en el Pleno del Congreso de los Diputados, que ha aprobado la mayor parte de las enmiendas incorporadas en el Senado con la mayoría absoluta del PP. 

Tras la votación individual de las 46 enmiendas añadidas al proyecto en la Cámara Alta, han salido adelante 32 enmiendas.

Solo queda la publicación de la ley en el BOE para que se puedan comenzar a aplicar unas cuentas que tendrán una vigencia de seis meses.

20minutos

elconfidencial

elPais

La reciente reforma de la LEC incluye una propuesta impulsada por compañeros de Granada.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil publicada ayer 12 de junio en el BOE, incluye la modificación del artículo 150, para introducir la obligación de comunicar a los servicios sociales la fecha de los lanzamientos, para que actúen si es procedente.

El texto del nuevo número 4 del artículo 150 es el siguiente:

"4. Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará taslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados."

La iniciativa partió de un grupo de funcionarios de Justicia de Granada, entre los que se encuentra el compromisario de STAJ en la MUGEJU, Miguel Esteban Florencio, y su compañero Miguel Ángel Herrera Manzano, auspiciados por el Juez Decano de Granada, que también se ha implicado en la iniciativa. STAJ trasladó en su momento al Ministerio de Justicia, y Grupos Políticos esta iniciativa de estos funcionarios, que finalmente ha sido introducida mediante una enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, gracias al empeño de estos compañeros que nos consta que se han movido mucho para lograr su aprobación. Enhorabuena.

Prensa:

www.ideal.es

www.cadenaser.com

¿Quiénes son los Tramitadores, Auxiliares y Gestores Procesales?: La infantería de la Administración de Justicia

A continuación reproducimos el artículo publicado en el digital CONFILEGAL, por Manuel Palomares Herrera, a quien por supuesto le agradecemos sinceramente las palabras de reconocimiento que hace de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, y el trabajo que desempeñamos en los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y demás Órganos judiciales.

¿Quiénes son los Tramitadores, Auxiliares y Gestores Procesales?: La infantería de la Administración de Justicia por Manuel Palomares Herrera | 01 junio, 2018

Se dejan ver poco, pero siempre están ahí. Acuartelados en oficinas judiciales o en las burócratas trincheras de las unidades procesales de apoyo directo. Mirada fija, tareas perennes e ideas claras.

Apreciados por abogados y procuradores, desconocidos por la ubérrima mayoría de los mortales: hablamos de los funcionarios judiciales de intramuros, la verdadera tropa de élite de la Administración de Justicia para que se garantice un servicio ordinario y de calidad.

Si bien su nombre completo actual, desde 2004, es Cuerpo de Auxiliares, Tramitadores y Gestores Procesales y Administrativos, algunos los recordarán por sus antiguas nomenclaturas de alguaciles, agentes judiciales y oficiales de justicia respectivamente, si bien siguen siendo servidores públicos del grupo C, B y A.2.

Pensar en los juzgados es pensar solo en togas y alguna puñeta que otra, sin embargo estos funcionarios a los que dedicamos este espacio son tramitando procedimientos y expedientes a los jueces lo que los duendecillos de la navidad envolviendo regalos a Santa Claus y moviendo el tinglado para que la cosa funcione, pero en vez de magia de la navidad, con el espíritu de la justicia.

Un servicio absolutamente fundamental.

Sí, amigos, como sospechaban, detrás de las solemnes y amaderadas paredes de las salas de vistas hay movimiento, voces, vida.

Las notificaciones, cédulas, diligencias y los expedientes no se hacen solos, ni las ejecuciones, confección de cédulas, ni la gestión de archivos está del todo informatizada… sino que son las cualificadas manos de la justicia ordinaria, las manos de estos profesionales las que engrasan la maquinaria.

Mano suave pero mano dura cuando se requiere, pues los Auxiliares, y a veces Gestores, poseen carácter de autoridad y consideración de Policía Judicial, así que como diría el anuncio de Danacol, poca broma.

Estos zapadores de juzgados y servicios comunes no merecen menos honorabilidad que otros cuerpos si consideramos las durísimas oposiciones de acceso.

Solo hace falta un profundo conocimiento del Código Procesal, una media de 4 años de estudio, formación previa, paciencia y sangre fría para salir del pozo que es esta oposición, lucir placa en sus carteras y su nombre en el BOE.

No es raro que los mismos jueces y letrados judiciales consulten dudas procesales a los tramitadores y gestores.

Podríamos afirmar de hecho que no hay funcionario que conozca mejor las leyes procesales y la ingeniería procesal en todas y cada una de sus jurisdicciones.

Para medir el desarrollo humano y de civilización de un país se atiende por lo común a indicadores como la situación de los derechos humanos en sus prisiones, la limpieza de sus calles o la transparencia pública, pero hemos de poner en valor también otro indicativo de la evolución social de un Estado: el funcionamiento de la Administración de Justicia.

En este sentido España marcha como un reloj suizo.

En la última convocatoria que terminó la semana pasada han concurrido más de 100.000 opositores para menos de 2.000 plazas, lo cual denota el agónico proceso de selección en donde solo quedan los más diestros, arrojando en algunas comunidades con competencias asumidas en justicia (personal y material) ratios de 150 aspirantes por plaza.

Con los presupuestos recién aprobados, los opositores solo esperan ansiosos la Oferta de Empleo Público, de la que esperan mayor generosidad y buen hacer.

Lo más sonado de esta recién clausurada convocatoria y que todos recordarán en su transcurrir es la inclusión de preguntas sobre contenido derogado en sus exámenes lo cual ha desatado una verdadera lluvia de escritos de impugnación desde todos los puntos de España hacia el desafortunado tribunal calificador, además de la desacertada inclusión de un preparador de estas oposiciones como miembro del tribunal, que al final, con buen criterio, se cambió por otro miembro más imparcial.

Finalmente, si algo destaca en estos tres cuerpos es la cantidad excesiva de funcionarios interinos que ocupan sus filas, algo que por fin pretende revertir el Gobierno a partir de este año, y a tres años vista, al instaurar el sistema de concurso-oposición para que se incorporen a la estabilidad los interinos o al menos darles la oportunidad de ganarse su puesto.

Esto ha evidenciado un descontento generalizado en el vasto tapón de opositores por el turno libre al ser otro escollo a superar, por si fuese poco.

Por esta razón, en tiempos de equiparación salarial en el sector público, no sería descabellado aplicar esta regla también a la Administración de Justicia, además de más regularidad y pragmatismo.

Nuestro más sincero agradecimiento al digital CONFILEGAL y al autor del artículo Manuel Palomares Herrera. 

Gracias