El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por el que se adjudica a los Procuradores determinados actos de comunicación y de ejecución en el ámbito Procesal Civil. Tendrán la consideración de Agentes de la Autoridad, mientras desempeñen este cometido y, actuarán bajo las órdenes del Secretario. El cliente deberá elegir si los actos de comunicación se realizan por el Procurador, o los efectúan los funcionarios de Justicia.
Desde STAJ consideramos que estamos ante la privatización de otro servicio público, encomendado siempre a funcionarios. Aunque la futura Ley permitirá al ciudadano (demandante) elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación y de ejecución no existe duda sobre quién elegirá el demandante cuando tenga suficientes recursos económicos. La realización de los actos de comunicación por el Procurador de la parte contraria, causará múltiples casos de indefensión y asimismo encarecerá el proceso de ejecución. Se hacen cada vez más visibles los pasos dados desde el Ministerio de Justicia para crear una justicia de dos velocidades: una para ricos y otra para el resto de ciudadanos.
STAJ considera dicha privatización inadmisible y realizaremos actos de presión y movilizaciones para que esto no se lleve a cabo.
STAJ considera dicha privatización inadmisible y realizaremos actos de presión y movilizaciones para que esto no se lleve a cabo.
