Como previa a la inicio de la Mesa de negociación y al tratamiento de los temas fijados en la orden del día, STAJ y el resto de organizaciones sindicales hemos trasladado nuestro rechazo total a la actuación y trayectoria del Ministerio de Justicia, en el sentido de QUE NO ESTA SIENDO TRANSPARENTE con sus trabajadores, y por ello hemos denunciado:
1º-Que los proyectos de modificación de la LOPJ y de la Demarcación y Organización Judicial así como el proyecto de la Reforma del Proceso Penal, son los suficientemente amplios como para afectar de manera directa y negativa a las condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia; que el nuevo modelo organizativo basado en los Tribunales de Instancia, con la consiguiente desaparición de los Partidos Judiciales afectará necesariamente a la distribución de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales.
2º-Que el Ministro Gallardón ha iniciado un proceso de reformas en la Administración de Justicia (Ley de Tasas, Ley de Registro Civil, atribución de funciones procesales a los Procuradores, atribución de la instrucción penal a los Fiscales, reforma de la LOPJ y Demarcación Judicial) que encierran grandes riesgos para el servicio público y para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, pues tales reformas están teniendo como primer efecto la limitación del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos con menos medios, así como una privatización de servicios para dejarlos en manos privadas con el consiguiente riesgo para concepción de la justicia como servicio público y para la propia subsistencia de muchos puestos de trabajo.
3º- La atribución del anuncio de nombrar Agentes de la Autoridad a los Procuradores, y dejar en manos de este colectivo además de los actos de comunicación, otra funciones procesales como los actos de ejecución en materia civil. Cosa que supone evidentemente una privatización de funciones que actualmente desempeñamos con plenas garantías los empleados públicos, y que encierra el riesgo, de perdida de empleo público en la Administración de Justicia.
STAJ DEFIENDE EL EMPLEO PUBLICO Y EL SERVICIO PUBLICO DE LA JUSTICIA SERVIDO POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA.
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