Primero fué la Comisión Europea, basándose en una Directiva Europea y ahora la Comisión Nacional de la Competencia CNC considera "gravemente perjudicial" para la competencia el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil informado, por generar un "inusual daño" a la concurrencia a través de la concesión de una reserva de actividad, "de forma innecesaria y desproporcionada", a un único colectivo profesional que, a su juicio, además se encuentra sometido a "importantes restricciones a su acceso y ejercicio".
"Su contenido robustece el marco innecesario y desproporcionadamente restrictivo de la competencia en la prestación de servicios de representación procesal, al otorgar determinadas funciones correspondientes a la esfera del secretario judicial en exclusiva a los procuradores", argumenta la CNC, al tiempo que indica que tampoco se "aprecia justificación en aras de razón de interés general alguna".
Para la CNC, el marco actual es "excepcional" en Europa, el cual insta a "modificar urgentemente, procediendo a la liberalización del servicio de procura", lo que implica eliminar la "obligatoriedad" de la representación procesal, analizar el sometimiento de dicha actividad a colegiación, facilitar el acceso académico-formativo a la profesión, asegurar la posibilidad del ejercicio simultáneo con la profesión de abogado y eliminar el arancel como mecanismo de retribución.
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