En el día de ayer se celebró reunión de mesa sectorial para la negociación de las posibles enmiendas al proyecto de ley de eficiencia del servicio público de Justicia.
STAJ también ha recordado que deben aplicarse a los cuerpos generales las mejoras que se van a aplicar a los Letrados A.J. en materia de libranzas tras las guardias o en la posibilidad de retraso de los plazos posesorios tras concursos de traslado por motivos de conciliación o escolarización, entre otras. Nada de esto se ha traído por el Ministerio a esta mesa, a pesar de que el día 20 de mayo lo veía “razonable”.
STAJ ha comenzado reiterando al Ministerio la petición realizada por escrito presentado conjuntamente con CCOO y CIG, para que se negocien las reivindicaciones que nos llevaron a la huelga durante 2023, ninguna de las cuales ha sido atendida:
- Negociación real de la Ley de eficiencia.
- Reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que de forma efectiva realiza el personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia
- Incremento del Complemento General del Puesto.
- Negociación del Real Decreto de Carrera Profesional al que se refiere el artículo 519.3 de la LOPJ
- Eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población
El Ministerio no nos da respuesta a esta petición y mantiene su negativa a negociar funciones, retribuciones y garantías de que no se perderán puestos de trabajo o de que la movilidad será siempre voluntaria y no forzosa. Más bien del documento que se nos aporta se desprende lo contrario. Del mismo modo, no se concreta ninguna diferenciación en los centros de destino por lo que la movilidad voluntaria mediante concurso de traslado se reduce drásticamente, por no decir que casi desaparece. Esta situación es una consecuencia más, seguramente la más grave, del cierre en falso del conflicto por haber abandonado CSIF y UGT la unidad de acción y por tanto las principales reivindicaciones que nos llevaron a la huelga.
El documento sí incluye alguna modificación del texto inicial del proyecto, pero principalmente para hacer algunas adaptaciones terminológicas o de forma y poco más, y también para cambiar la denominación de “Unidades Procesales de Tramitación”, por la de “Servicios Comunes de Tramitación”, que sospechamos que encierra una intención que va más allá del mero cambio de denominación.
También se incluye una modificación en cuanto a la reserva de plazas para la promoción interna, en el sentido de que se reservará “al menos” el 30% de las plazas, lo que para STAJ es insuficiente, pues reclamamos que sea el 50% de las plazas vacantes, y para todos los cuerpos. A pesar de todo, el Ministerio afirma que está dispuesto a negociar, pero obviamente ya no nos creemos nada. No obstante, se mantendrán nuevas reuniones durante las próximas semanas, mientras el proyecto siga tramitándose en el Parlamento. Será difícil, pero STAJ no va a cesar en su intento de arreglar un texto que, a fecha de hoy, supone un retroceso enorme en los derechos de los funcionarios de Justicia de toda España.
