¿Quiénes son los Tramitadores, Auxiliares y Gestores Procesales?: La infantería de la Administración de Justicia por Manuel Palomares Herrera | 01 junio, 2018
Se dejan ver poco, pero siempre están ahí. Acuartelados en oficinas judiciales o en las burócratas trincheras de las unidades procesales de apoyo directo. Mirada fija, tareas perennes e ideas claras.
Apreciados por abogados y procuradores, desconocidos por la ubérrima mayoría de los mortales: hablamos de los funcionarios judiciales de intramuros, la verdadera tropa de élite de la Administración de Justicia para que se garantice un servicio ordinario y de calidad.
Si bien su nombre completo actual, desde 2004, es Cuerpo de Auxiliares, Tramitadores y Gestores Procesales y Administrativos, algunos los recordarán por sus antiguas nomenclaturas de alguaciles, agentes judiciales y oficiales de justicia respectivamente, si bien siguen siendo servidores públicos del grupo C, B y A.2.
Pensar en los juzgados es pensar solo en togas y alguna puñeta que otra, sin embargo estos funcionarios a los que dedicamos este espacio son tramitando procedimientos y expedientes a los jueces lo que los duendecillos de la navidad envolviendo regalos a Santa Claus y moviendo el tinglado para que la cosa funcione, pero en vez de magia de la navidad, con el espíritu de la justicia.
Un servicio absolutamente fundamental.
Sí, amigos, como sospechaban, detrás de las solemnes y amaderadas paredes de las salas de vistas hay movimiento, voces, vida.
Las notificaciones, cédulas, diligencias y los expedientes no se hacen solos, ni las ejecuciones, confección de cédulas, ni la gestión de archivos está del todo informatizada… sino que son las cualificadas manos de la justicia ordinaria, las manos de estos profesionales las que engrasan la maquinaria.
Mano suave pero mano dura cuando se requiere, pues los Auxiliares, y a veces Gestores, poseen carácter de autoridad y consideración de Policía Judicial, así que como diría el anuncio de Danacol, poca broma.
Estos zapadores de juzgados y servicios comunes no merecen menos honorabilidad que otros cuerpos si consideramos las durísimas oposiciones de acceso.
Solo hace falta un profundo conocimiento del Código Procesal, una media de 4 años de estudio, formación previa, paciencia y sangre fría para salir del pozo que es esta oposición, lucir placa en sus carteras y su nombre en el BOE.
No es raro que los mismos jueces y letrados judiciales consulten dudas procesales a los tramitadores y gestores.
Podríamos afirmar de hecho que no hay funcionario que conozca mejor las leyes procesales y la ingeniería procesal en todas y cada una de sus jurisdicciones.
Para medir el desarrollo humano y de civilización de un país se atiende por lo común a indicadores como la situación de los derechos humanos en sus prisiones, la limpieza de sus calles o la transparencia pública, pero hemos de poner en valor también otro indicativo de la evolución social de un Estado: el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En este sentido España marcha como un reloj suizo.
En la última convocatoria que terminó la semana pasada han concurrido más de 100.000 opositores para menos de 2.000 plazas, lo cual denota el agónico proceso de selección en donde solo quedan los más diestros, arrojando en algunas comunidades con competencias asumidas en justicia (personal y material) ratios de 150 aspirantes por plaza.
Con los presupuestos recién aprobados, los opositores solo esperan ansiosos la Oferta de Empleo Público, de la que esperan mayor generosidad y buen hacer.
Lo más sonado de esta recién clausurada convocatoria y que todos recordarán en su transcurrir es la inclusión de preguntas sobre contenido derogado en sus exámenes lo cual ha desatado una verdadera lluvia de escritos de impugnación desde todos los puntos de España hacia el desafortunado tribunal calificador, además de la desacertada inclusión de un preparador de estas oposiciones como miembro del tribunal, que al final, con buen criterio, se cambió por otro miembro más imparcial.
Finalmente, si algo destaca en estos tres cuerpos es la cantidad excesiva de funcionarios interinos que ocupan sus filas, algo que por fin pretende revertir el Gobierno a partir de este año, y a tres años vista, al instaurar el sistema de concurso-oposición para que se incorporen a la estabilidad los interinos o al menos darles la oportunidad de ganarse su puesto.
Esto ha evidenciado un descontento generalizado en el vasto tapón de opositores por el turno libre al ser otro escollo a superar, por si fuese poco.
Por esta razón, en tiempos de equiparación salarial en el sector público, no sería descabellado aplicar esta regla también a la Administración de Justicia, además de más regularidad y pragmatismo.
Nuestro más sincero agradecimiento al digital CONFILEGAL y al autor del artículo Manuel Palomares Herrera.
Gracias
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