
Se ha aprobado un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales entre 50 y 750 euros, con el fin de paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita.
La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando excluido el orden penal.
Según la estimación del Gobierno, si se mantuvieran los datos de 2010, cuando se recaudaron 172 millones de euros a través de esta vía, esa cifra podría alcanzar los 300 millones con las nuevas tasas, cuya recaudación se destinará a financiar el sistema de justicia gratuita.