La Sala de lo Social, por unanimidad de sus magistrados, da un plazo de diez días a las partes para que informen sobre la posibilidad de presentar una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Según una providencia hecha pública hoy, la paga extra es una parte del salario que un trabajador gana día a día y el Ejecutivo acordó esta supresión con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2012. El tribunal estima que puede ser inconstitucional porque esa parte que se les quita a los funcionarios lo han ganado cada día durante el año 2012 que ya han trabajado.
Si la Audiencia Nacional decide plantear esa cuestión ante el Tribunal Constitucional, será esté el que decida si la decisión del Gobierno fue inconstitucional y, por tanto, devolver a todos los funcionarios y personal laboral la paga extra de Navidad.
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