El ministro de Justicia, Rafael Catalá, el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, y el presidente del Consejo del Notariado, José Manuel García Collantes, mantuvieron una tensa reunión en la que el ministro les mostró su hartazgo con las dos corporaciones "harto de negociaciones en las que no se avanza nada".
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia tras el desencuentro que se produjo en el acto de toma de posesión de los nuevos registradores. El ministro llegó a adelantarles la posibilidad de funcionarizar a los registradores y de liberalizar a los notarios, tal y como ha sucedido en Francia con la Ley Macron, que rebaja las tarifas y permite la libre apertura de despachos notariales, e Italia, donde se han eliminado los aranceles.
En el acto de toma de posesión, el pasado martes, el decano de los registradores, Gonzalo Aguilera, anunció al ministro que el Colegio paralizaba la implantación del Registro Civil hasta que el Ministerio de Justicia garantice financiación suficiente. El ministro le avisó que "no admito chantaje de nadie" y añadió que "ya estoy harto de negociaciones y de no avanzar nada".
Horas antes de esta celebración se había filtrado que el Grupo Popular no había admitido las modificaciones más "importantes de las propuestas por el Colegio a las enmiendas que presentará en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil".
Por su parte, Collantes titulaba su artículo "el absurdo laberinto del Registro Civil" y arrancaba afirmando que "entendemos por laberinto algo intrincado y sin salida. Será esta la situación actual de nuestro benemérito y centenario Registro Civil; Nadie duda de la trascendencia que el Registro Civil tiene para la vida del conjunto de los ciudadanos".
Collantes explicaba que "se sigue atribuyendo su llevanza a los registradores, pero desaparece el Registro Civil único para toda España, con múltiples puntos de acceso, articulándolo ahora sobre ámbitos territoriales acomodados a la competencia de cada registrador. Desaparece también el acceso online al registro para todos los funcionarios públicos con derecho a conocer el contenido de sus datos".
Por otra parte, denunciaba que "se afirma la gratuidad del registro, pero se adivina su limitación a las inscripciones más comunes -nacimiento, matrimonio, defunción...- mientras que, como medio de financiación, se acude al aumento desproporcionado e innecesario de actos jurídicos inscribibles -poderes, testamentos...- y se impone la obligación, se supone que pagando el ciudadano, de comprobar la debida práctica del asiento en un registro cada vez que se quiera realizar una inscripción en otro".
Y añadía que se anuncia también la absorción de los registros de testamentos, seguros de vida y, posiblemente, de fundaciones con un claro afán de conseguir recursos para financiar la llevanza del registro disfrazándolo de modernidad bajo el subterfugio de crear una red telemática de interconexión de registros dispares, red cuya creación requeriría de una importante inversión que tendría que ser pagada por los usuarios. Y para ello se acude a un procedimiento legislativo opaco. No se plantea directamente una modificación de la ley, sino que se cambia a través de un sistema de enmiendas a disposiciones adicionales de otra ley que poco tiene que ver con el Registro Civil.
Y concluía diciendo que "vista en su conjunto la modificación propuesta, produce la impresión de que su finalidad no es tanto resolver un problema de gestión, si es que realmente lo hay, cuanto de utilizar los datos íntimos de los ciudadanos con el fin de apuntalar la posición institucional del Registro de la Propiedad y del Registro Mercantil, colocando al Registro Civil al servicio de estos últimos".
