La medida, que fue aprobada por unanimidad el pasado verano, requiere que el Principado haya cumplido con la regla de gasto.
Sobre el papel, los funcionarios de la administración asturiana tienen ya desde el uno de enero de este 2019 reconocida la jornada de 35 horas semanales. Así se aprobó el pasado verano en la Junta General y por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Pero la iniciativa marcaba una condición, la de que entrara en vigor siempre y cuando lo permita la legislación básica y previa negociación colectiva. Sobre el acuerdo con los trabajadores no hay mucho debate pero la referencia al cumplimiento de la legislación básica, que se trata fundamentalmente del encaje en el rigor de la regla de gasto y sus entresijos, no se conocerán hasta pasado el primer trimestre del año, quizá alrededor del mes de abril.
Si en esas fechas el Ejecutivo central dictaminara en su informe que Asturias cumple la regla de gasto, la medida se pondría en marcha. Pero no hay buenos precedentes: el año pasado el Principado no se encontró entre las comunidades cumplidoras de este límite en concreto aunque, si sirve de consuelo, lo cierto es que fueron muy pocos los territorios que se ciñeron a la regla. Sólo Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana cumplieron en 2017 la regla de gasto, que se había fijado en un 2,9%, mientras las otras diez autonomías, y entre ellas el Principado, lo sobrepasaron.
La una jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos de Asturias supondría una rebaja de dos horas y media menos que la actual. Cuando se aprobó la medida en la Junta General el pasado verano, también se fijó que la ley permitiera que funcionarios pudieran cobrar en septiembre el incremento salarial máximo autorizado por el Ejecutivo central y los atrasos acumulados desde el mes de enero del año anterior.
