En reunión mantenida el pasado día 22 de marzo por STAJ con responsables del Ministerio de Justicia, se nos informó que la apuesta del actual Gobierno es por la plena entrada en vigor de la Ley 20/2011, sin más modificaciones y sin más prórrogas. Recordamos que actualmente la vacatio legis está prorrogada hasta el 30 de junio del año 2.020.
Cómo sabéis, ello supone que la estructura y demarcación actual del Registro Civil tal como la conocemos desaparecerá por completo, pues la Ley de 2011, además de desjudicializarlo, organiza el Registro Civil en Oficinas Generales en las Comunidades Autónomas -además de la Oficina Central y las Consulares-, que dependerán del Ministerio y Comunidades Autónomas, pero fuera de la Administración de Justicia.
Todo ello viene recogido en los artículos 21 y 22 del Capítulo I "Oficinas del Registro Civil", del Título Tercero del la Ley del Registro Civil.
En consecuencia, todo el personal que actualmente presta servicios en los actuales Registros Civiles Únicos y que no obtenga un puesto de trabajo en las RPTs de las nuevas Oficinas Generales (en virtud de lo previsto en la DT 8ª de la ley 20/2011), será reordenado a otros puestos de trabajo; y en aquellos Juzgados que compatibilicen funciones jurisdiccionales con las del Registro Civil, en los que exista un exceso de plantilla como consecuencia de esta función, se producirá una modificación de la plantilla por desaparición de las plazas adscritas a Registro Civil, lo que provocará, igualmente, una reordenación de los efectivos sobrantes.
STAJ ha vuelto a manifestar al Ministerio nuestra frontal oposición a esta nueva organización del Registro Civil y hemos exigido el mantenimiento de la estructura actual, incluidos los Juzgados de Paz, como un servicio dentro de la Administración de Justicia, así como su consideración como servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos.
STAJ va a dirigirse nuevamente a todos los partidos políticos instándoles a que apuesten por el mantenimiento del Registro Civil con su estructura actual. Lamentamos, eso sí, las oportunidades perdidas por inaceptables e incomprensibles luchas políticas, cuando hace un año el Parlamento rechazó tramitar la proposición presentada en la que se mantenía la actual estructura.
