Asturias ya está en condiciones de volver a aplicar la jornada de 35 horas semanales a sus empleados públicos, una medida de la que se beneficiarán más de 35.000 trabajadores y que tendrá un coste cercano a los 39 millones de euros anuales para las arcas regionales.
Fuentes de la administración autonómica han informado de que la aplicación de esa jornada frente a la de 37 horas y media que está en vigor es ya posible porque la comunidad ha cumplido con la regla de gasto en 2018 y que su aplicación podría ser inmediata.
La ley establece que, para poder negociar la recuperación de las 35 horas de jornada laboral semanal, los gobiernos autonómicos tienen que cumplir los objetivos de déficit y deuda y también con la denominada 'regla de gasto', que busca un determinado equilibrio entre ingresos y gastos de las cuentas públicas.
Hasta ahora Asturias observaba las dos primeras condiciones, pero no la tercera, objetivo que el Ejecutivo central ha dado por cumplido en la revisión de las cuentas y así se lo ha comunicado al Gobierno autonómico hace unos días.
Obtenidos los parabienes del Gobierno central, la administración asturiana podrá ahora aplicar la jornada de 35 horas que los funcionarios y empleados dependientes del Gobierno del Principado ya tienen reconocida desde el 1 de enero en los Presupuestos del Principado de este año, aunque hasta ahora no se aplique.
Las cuentas públicas daban cumplimiento así a una ley en materia de función pública aprobada por unanimidad en la Junta General del Principado el pasado julio en la que se condicionaba la reducción de jornada al cumplimiento de la legislación básica y a la negociación colectiva.
Según la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, la recuperación de esos derechos «con pasos paulatinos, seguros y sostenibles» permitirá crear 1.213 nuevas plazas en la administración autonómica.
Se volverá así a la situación previa a 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió elevar la jornada semanal de todos los funcionarios y empleados públicos del país de 35 a 37 horas y media y congelar sus salarios para hacer frente a la crisis.
Desde entonces, los sindicatos vienen reclamando una marcha atrás a esa medida y la recuperación del poder adquisitivo.
