El Ministerio de Justicia, al igual que el resto de Administraciones, debe proceder a incrementar el salario a su personal a partir del próximo mes de julio en un 0.25% adicional, porcentaje que corresponde al incremento variable como consecuencia del cumplimiento de la previsión de crecimiento del PIB en España.
Cabe recordar que la subida salarial pactada para este año 2019 fue del 2.25% fijo ( sobre todos los conceptos), más una parte variable dependiendo del incremento del PIB del año anterior ( año 2018), igual o superior al 2.5%. Esa condición se cumplió, puesto que el PIB del año 2018 se incrementó en un 2.6%, por lo se confirma que veremos incrementado el salario en un 0.25% adicional en todos los conceptos salariales.
No obstante lo anterior, debemos esperar a ver qué ocurre, puesto que tenemos un Ejecutivo en funciones y esta subida salarial es necesario que primero se apruebe en Consejo de Ministros.
Teniendo en cuenta que las nóminas de julio se cierran en los primeros días del mes de junio, el Consejo de Ministros debería llevar a cabo la aprobación del incremento en la reunión del próximo viernes, en caso contrario puede ser que no se abone en la próxima nómina, sino que se abonaría en meses siguientes con carácter retroactivo desde julio.
Este incremento representanta una subida pírrica, en muchos casos no llega a los 5 € brutos al mes y como mucho puede llegar a los 7€ u 8€ y ni siquiera se abona con carácter retroactivo desde el inicio del año, sino que se abona desde julio en adelante. No obstante sí que consolida en nómina para futuros incrementos salariales.
Por otra parte, también queda pendiente el reparto de los fondos adicionales referidos al año 2018. Estos fondos representan un incremento del 0,20 % de la masa salarial. La masa salarial es un concepto global que representa la suma de todas las retribuciones de todos los funcionarios (la totalidad de lo que se destina a salario, y en ámbito Ministerio el 0,20% de la masa salarial representa en torno a 1.100.000 euros). Aún queda pendiente por saber cómo se va a distribuir ese dinero entre los funcionarios no transferidos, puesto que la propuesta planteada por el Ministerio de Justicia no fue aceptada por STAJ al proponer un reparto del que la gran mayoría de los trabajadores quedaban excluidos.
