viernes, 3 de abril de 2020

Seis sindicatos acusan al CGPJ de poner en riesgo la salud de miles de funcionarios de Justicia


Los seis sindicatos que representan a los funcionarios de Justicia se han puesto en pie de guerra contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que acusan de “poner en riesgo su salud”, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias “innecesarias”. Consideran que discrimina a estos funcionarios frente a los jueces, a quienes se les permite -según denuncian- trabajar desde casa “con los equipos informáticos prestados por la administración y de los que no dispone el resto de personal de la Justicia”.

Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) se han puesto de acuerdo para reprobar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todo el órgano por su gestión en la crisis sanitaria del Covid-19. Además, les acusan de atribuirse unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales. “Ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia”, recogen en un comunicado conjunto.

Para las seis organizaciones sindicales, los comités de seguimiento COVID 19 creados en el seno de los tribunales superiores de justicia por acuerdo de la comisión permanente del Consejo carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en las materias anteriormente mencionadas. “En consecuencia, sus acuerdos son nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia”, añaden.

Sabotaje

Estos sindicatos denuncian la táctica de sabotaje empleada por el órgano que regula a los jueces para impedir el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Justicia, comunidades autónomas con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia. “Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia”.

Además, reclaman una disculpa por parte de Lesmes por acusar a los 55.000 funcionarios de la Administración de Justicia de “falta de profesionalidad” por poner en entredicho la obligación de ir a sus puestos de trabajos sin las condiciones necesarias que salvaguarden su salud.

“Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos, teniendo en cuenta la concurrencia de competencias que se dan en la gestión de la Administración de Justicia”, subrayan.


Piden ayuda a Justicia

Ante esta situación, estos sindicatos piden ayuda al Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, y a las comunidades autónomas con las competencias transferidas para que “pongan freno” al CGPJ. “La Administración de Justicia no son sólo ellos, ni siquiera lo son sólo los jueces y magistrados.

La Administración de Justicia son, también, los 55.000 empleados públicos que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que, presencialmente o en disponibilidad, garantizan el funcionamiento de la Administración de Justicia en medio de esta crisis atendiendo los servicios esenciales”, concluyen.