También trasladamos a los Grupos otras reivindicaciones, en relación con la carrera profesional, promoción interna, mejoras salariales y modernización de la Justicia.
Tal como anunciábamos hace algunas semanas, STAJ se ha dirigido a los Grupos políticos de ámbito nacional a fin de buscar una solución ante la inminente entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil, que como conocéis supone el desmantelamiento de este servicio tal como lo conocemos, saliendo de la Administración de Justicia, dejando de ser servido por jueces y funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, y desapareciendo de pueblos y ciudades para quedar en unas cuantas oficinas generales, (1 ó 2 por Comunidad Autónoma), de ubicación aún desconocida, poniendo en verdadero peligro de desaparición a los Juzgados de Paz.
El Grupo Popular ha presentado una proposición para modificar dicha Ley, proposición que está aún pendiente de informe del Gobierno y de pasar por la mesa del parlamento para su toma en consideración. Ello obligará a que, de tramitarse, deba hacerse con carácter de urgencia para llegar antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley, que como sabéis es el próximo 30 de junio.
La proposición presentada, aun no recogiendo todas nuestras reivindicaciones en la materia, y con una redacción que entendemos que debe matizarse y mejorarse, sí que respeta y mantiene la organización y demarcación actual del Registro Civil, incluidos los Juzgados de Paz por delegación, si bien los actuales Registros pasarán a denominarse Oficinas de Registro Civil. Del mismo modo, reserva su llevanza en exclusiva para el personal al servicio de la Administración de Justicia, con los Letrados de la Administración de Justicia como encargados.
Desde STAJ estamos intentando que el resto de Grupos políticos permitan la tramitación de esta propuesta respetando esos principios básicos de mantenimiento del Registro Civil como servicio público, gratuito, servido enteramente por funcionarios de Justicia y con mantenimiento de la demarcación actual. De momento, el Grupo Vox ya nos ha manifestado su disposición favorable a esta tramitación y esperamos que el resto de Grupos también lo haga, al menos Unidas Podemos y Ciudadanos, aunque también el Grupo Socialista, único al que vemos menos receptivo, de momento.
El Grupo Popular ha presentado una proposición para modificar dicha Ley, proposición que está aún pendiente de informe del Gobierno y de pasar por la mesa del parlamento para su toma en consideración. Ello obligará a que, de tramitarse, deba hacerse con carácter de urgencia para llegar antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley, que como sabéis es el próximo 30 de junio.
La proposición presentada, aun no recogiendo todas nuestras reivindicaciones en la materia, y con una redacción que entendemos que debe matizarse y mejorarse, sí que respeta y mantiene la organización y demarcación actual del Registro Civil, incluidos los Juzgados de Paz por delegación, si bien los actuales Registros pasarán a denominarse Oficinas de Registro Civil. Del mismo modo, reserva su llevanza en exclusiva para el personal al servicio de la Administración de Justicia, con los Letrados de la Administración de Justicia como encargados.
Desde STAJ estamos intentando que el resto de Grupos políticos permitan la tramitación de esta propuesta respetando esos principios básicos de mantenimiento del Registro Civil como servicio público, gratuito, servido enteramente por funcionarios de Justicia y con mantenimiento de la demarcación actual. De momento, el Grupo Vox ya nos ha manifestado su disposición favorable a esta tramitación y esperamos que el resto de Grupos también lo haga, al menos Unidas Podemos y Ciudadanos, aunque también el Grupo Socialista, único al que vemos menos receptivo, de momento.
MUGEJU: Copago farmacéutico.
También estamos trasladando a los grupos políticos la necesidad de una equiparación en esta materia con los jubilados adscritos al régimen general de la Seguridad Social, pues los jubilados sometidos al mutualismo administrativo deben seguir pagando el 30% del importe de los medicamentos, lo mismo que pagamos cuando estamos en activo, a diferencia de lo que sucede en el régimen general, donde una vez jubilados el copago se reduce o incluso se elimina, en determinados casos.
MEJORA de las condiciones de trabajo.
También estamos trasladando a los grupos políticos nuestras reivindicaciones en esta materia, y así, entre otras materias, estamos intentando que impulsen modificaciones legislativas que permitan recuperar la reserva del 50% en la promoción interna, o que insten al Gobierno a negociar con los sindicatos las bases de la carrera profesional, o que regulen el régimen de sustituciones verticales de modo que el funcionario sustituto tenga los mismos derechos, retribuciones y reconocimiento a efectos administrativos que tendría de pertenecer al cuerpo cuyo puesto sustituye, durante el tiempo de la sustitución.
MEJORAS Retributivas.
Del mismo modo, hemos trasladado la necesidad de acometer la equiparación salarial de aquellos territorios donde menos se cobra en complemento específico, concretamente en ámbito Ministerio, donde la diferencia con algunos territorios supera los 300 euros mensuales. Es tremendamente injusto que siendo Cuerpos nacionales, mismas oposiciones y con mismas funciones en todo el Estado, en algunos ámbitos las diferencias salariales sean tan exageradas.
Igualmente, reivindicamos la recuperación de los niveles retributivos que nos fueron rebajados en el año 2010, en que se produjo una rebaja de un 5% de media en todos los conceptos retributivos. Son diez años de recortes mantenidos en el tiempo, que ya es justo recuperar.
También es preciso revisar las retribuciones por el servicio de guardia, que están quedando obsoletas.
También estamos trasladando a los grupos políticos la necesidad de una equiparación en esta materia con los jubilados adscritos al régimen general de la Seguridad Social, pues los jubilados sometidos al mutualismo administrativo deben seguir pagando el 30% del importe de los medicamentos, lo mismo que pagamos cuando estamos en activo, a diferencia de lo que sucede en el régimen general, donde una vez jubilados el copago se reduce o incluso se elimina, en determinados casos.
MEJORA de las condiciones de trabajo.
También estamos trasladando a los grupos políticos nuestras reivindicaciones en esta materia, y así, entre otras materias, estamos intentando que impulsen modificaciones legislativas que permitan recuperar la reserva del 50% en la promoción interna, o que insten al Gobierno a negociar con los sindicatos las bases de la carrera profesional, o que regulen el régimen de sustituciones verticales de modo que el funcionario sustituto tenga los mismos derechos, retribuciones y reconocimiento a efectos administrativos que tendría de pertenecer al cuerpo cuyo puesto sustituye, durante el tiempo de la sustitución.
MEJORAS Retributivas.
Del mismo modo, hemos trasladado la necesidad de acometer la equiparación salarial de aquellos territorios donde menos se cobra en complemento específico, concretamente en ámbito Ministerio, donde la diferencia con algunos territorios supera los 300 euros mensuales. Es tremendamente injusto que siendo Cuerpos nacionales, mismas oposiciones y con mismas funciones en todo el Estado, en algunos ámbitos las diferencias salariales sean tan exageradas.
Igualmente, reivindicamos la recuperación de los niveles retributivos que nos fueron rebajados en el año 2010, en que se produjo una rebaja de un 5% de media en todos los conceptos retributivos. Son diez años de recortes mantenidos en el tiempo, que ya es justo recuperar.
También es preciso revisar las retribuciones por el servicio de guardia, que están quedando obsoletas.
Los Grupos con los que ya nos hemos reunido (hasta el momento el Grupo Popular y Vox) se han mostrado receptivos y de acuerdo en las cuestiones planteadas, mostrando su disposición a buscar fórmulas para la presentación de iniciativas legislativas o de impulso de la acción de gobierno, en sintonía con nuestras reivindicaciones. Estamos seguros que el resto de grupos también apoyará nuestras reivindicaciones, pues son justas y carecen de signo ideológico, y tienden exclusivamente a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, además de contribuir a la modernización y mejora de la Administración de Justicia como servicio público.
